Durante los primeros días del 2024, tras el estallido de una fuerte crisis de control carcelario, Ecuador se vio inmiscuido en uno de los enfrentamientos más intensos entre las fuerzas armadas del país y los grupos del crimen organizado que tienen de rehenes a guardias de distintas prisiones. Esto ha orillado al gobierno a tomar medidas extraordinarias para que el estado pueda recuperar el control nacional.
Todo empezó cuando a inicios de esta semana desapareció de la cárcel Adolfo Macías, el líder de la banda criminal “los Choneros”, una de las agrupaciones más conocidas y peligrosas del país. Posteriormente, los reos de distintas cárceles se amotinaron y tomaron el control, teniendo como prisioneros a más de una centena de policías, mientras que afuera irrumpieron en un programa de televisión en vivo.
Debido a esto, el gobierno encabezado por Daniel Noboa se vio obligado a declarar un conflicto interno armado, los grupos delincuenciales fueron etiquetados como terroristas, pero lo más importante, se declaró un “estado de excepción” en el país. Este es un concepto que ya se ha escuchado en otros lugares, principalmente en aquellas naciones que atraviesan momentos de seguridad apremiantes.
El caso más destacado, también en Latinoamérica, es el de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele también declaró estado de excepción el 27 de marzo del 2022, es decir, la alteración de algunos aspectos constitucionales de la vida pública y política del país. Si bien ahí los resultados han sido favorables, ya que el 2023 fue uno de los años con menos homicidios, no queda claro a qué se refiere el concepto.
El estado de excepción se refiere a un régimen jurídico extraordinario y temporal, en el cual un estado puede adoptar más facultades de las normales para recuperar el orden social ante un contexto de crisis, es decir, para que se aplique debe haber situaciones como un desastre natural, un conflicto armado, violencia generalizada, emergencias sanitarias, invasión y prácticamente todo escenario en el que se perturbe gravemente la paz y el orden público.
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De igual forma, en esta situación el estado tiene, a través del jefe del poder Ejecutivo, la facultad de asumir las tareas de otros poderes de la unión, todo con el fin de recuperar la normalidad en el territorio; no obstante, en cada país el estado de excepción también hay regulaciones sobre lo que se permite en estos contextos.
Las medidas que implica variarán de acuerdo con la situación que atraviese el país, ya que en algunos casos sólo se limita a un toque de queda o restricciones de los ciudadanos para circular en ciertas partes del territorio, pero en los casos más críticos, con el estado de excepción se pueden vulnerar o suspender los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos.
Esta figura jurídica entra cuando una situación ha rebasado las capacidades del estado y no se puede recuperar el orden mediante el derecho ordinario. En la mayoría de los casos, para que el estado de excepción sea aprobado se requiere de la autorización previa de los legisladores y de la Suprema Corte de cada país.
Durante este periodo también se altera el funcionamiento de distintas instituciones democráticas, los servicios públicos esenciales y las prestaciones estatales que benefician a los pobladores. Es por esto que lo ideal es que no dure más tiempo del necesario para arreglar el escenario de premura por el que atraviesa un país, ya que si se prolonga, puede derivar en abusos de poder y atropellos a los principios de la democracia que devienen en dictaduras.
Prácticamente todos los países del mundo han desarrollado estrategias para que, en caso de ser necesario, se aplique el estado de excepción sin que esto suponga un peligro a la democracia. En este sentido, México no está exento de leyes que prevengan este escenario, por lo cual, en la Constitución Política ya se tiene contemplado este escenario.
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Es el artículo 29 constitucional donde se detalla que es única y exclusivamente atribución del presidente, con previa autorización del Congreso de la Unión, suspender o restringir algunas garantías y derechos en todo el país o en lugares específicos, si se atraviesa por un contexto de invasión, perturbación grave de la paz pública, o en cualquier otro caso que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.
Sin embargo, el mismo apartado de la Carta Magna hace énfasis en que este mecanismo no podrá hacerse sobre una persona en específico, se deben establecer medidas preventivas para su entrada aplicación y debe ser sólo por tiempo limitado.
