El Gobierno de Daniel Noboa anunció este 11 de enero que impondrá el requisito de antecedentes penales en sus fronteras con Colombia y Perú para reforzar su seguridad, en medio del conflicto interno de la última semana, que ya dejó al menos 14 muertos y 178 personas retenidas en varias cárceles.
El requisito estará vigente "mientras dure el estado de emergencia y reconocimiento del conflicto armado interno, con el fin de evitar y controlar el ingreso de individuos que constituyan una amenaza o riesgo para la seguridad pública", advirtió en un comunicado el Ministerio del Interior de la nación andina.
El posicionamiento precisa que la Subsecretaría de Migración y los organismos que realizan el control migratorio ecuatoriano serán los encargados de requerir el Certificado de Antecedentes Penales del país de origen o de residencia durante los últimos cinco años, "debidamente apostillado".
"Los niños, niñas y adolescentes acompañados de un familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad estarán exentos de este requisito", detalló la dependencia.
El país afronta un "conflicto armado interno", según un decreto ejecutivo emitido por el presidente Daniel Noboa luego de los hechos violentos registrados en las calles y en las cárceles, presumiblemente debido a la negativa de los reclusos integrantes de grupos delincuenciales a ser trasladados a otros penales.
Este jueves 11 de enero, el mandatario presentó los diseños de los penales de máxima seguridad que se construirán en el país y dijo que este es el inicio de un saneamiento del sistema penitenciario ecuatoriano, "que ha estado durante décadas controlados por las mafias".
