Tras meses de disputas e insistencias, los diputados del Congreso de la Ciudad de México rechazaron el 8 de enero la ratificación de Ernestina Godoy Ramos como fiscal. Hasta que se designe a un nuevo o nueva fiscal en la capital del país, el encargado del despacho será Ulises Lara López, quien en sus primeros días ya tuvo su primera polémica por su título profesional.
Uno de los requisitos para ejercer como titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX es tener el título en Derecho, pero antes de su designación sólo contaba con el de sociología. El martes 9, un día previo a que lo nombraran fiscal temporal, Lara López obtuvo repentinamente el título en Derecho, por una institución de dudosa calidad, el Centro Universitario Cúspide de México.
En el Registro Nacional de Profesionistas, se da parte que el título en Derecho de Ulises Lara fue otorgado en 2024 en el Centro Cúspide, una universidad que ha sido calificada de “patito”, por la forma en que dio el certificado, sin constancia de que verdaderamente haya cursado la carrera.
Esto es algo que ya ocurrió en Puebla hace unos años, pero a diferencia del caso de Ulises Lara, aquí se suscitaron múltiples acusaciones a políticos que obtuvieron sus cédulas y títulos profesionales de manera irregular. Se dio a conocer que funcionarios de estado y dirigentes partidistas “acudieron” a una institución del estado para obtener sus títulos de licenciatura.
Fue el 10 de noviembre de 2019 cuando el gobierno del estado de Puebla, encabezado por Luis Miguel Barbosa Huerta, anunció que presentaría al menos 26 denuncias contra políticos locales que supuestamente habían obtenido sus títulos profesionales “patito”. Entre los acusados había dirigentes del PAN, militantes del PRD, de Movimiento Ciudadano, así como alcaldes, una alcaldesa y funcionarios de estado.
Esto se dio gracias a que dichos funcionarios recurrieron al Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (IEDEP) para obtener sus títulos de manera irregular. El estado presentó las 26 denuncias alegando delitos como tráfico de influencias, cohecho, además de ejercicio indebido de funciones por beneficio de particulares y asociación delictuosa.
Dichos ilícitos habrían sucedido en administraciones previas, supuestamente en las de los panistas Rafael Moreno Valle Rosas y Antonio Gali Fayad, entre 2011 y 2018. La Consejería Jurídica del Gobierno de Barbosa Huerta afirmó en ese momento que hubo anomalías en el IEDEP que terminaron por beneficiar a operadores políticos.
Entre los señalados estaba Jesús Giles Carmona, exdirigente del PAN, que obtuvo el título en Derecho; Miguel Ronquillo Huerta, también licenciado en Derecho y antiguo secretario del partido Movimiento Ciudadano; así como Julio César Cabañas Méndez, otrora presidente municipal de Acateno; además de ellos también figuró el nombre de Néstor Adrián Morales Neri, quien se licenció en Administración de Empresas y fue secretario del PRD; finalmente, otro señalado fue Óscar Francisco Daza Ramírez, quien fungió como dirigente del PAN y regidor en Atlixco.
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Quizá uno de los casos más destacados fue el de Roberto Ruiz Esparza, exfutbolista que pasó por partidos como el PAN, Nueva Alianza y el Verde Ecologista. Pese a las acusaciones, en 2021 también aspiró a la alcaldía de Puebla y fue el candidato del Verde. Él obtuvo la licenciatura en Derecho y fue director del Instituto Poblano del Deporte y la Juventud.
Derivado de lo anterior, de las 26 denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), uno de los implicados que terminó preso fue Jesús Giles, por el delito de falsificación de documentos. A él lo arrestaron el 9 de abril del 2021 luego de que fuera sujeto a proceso desde el 21 de agosto del 2020, pero debido a su ausencia en una audiencia, lo aprehendieron cuando era candidato a la presidencia municipal de Santa Clara Ocoyucan.
No obstante, después de más de un año tras las rejas, Giles Carmona fue liberado el 23 de octubre de 2023 ante la falta de pruebas en su contra. En su regreso, aseguró que su título no era “patito” y que en realidad fue un preso político de Miguel Barbosa.
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