En México apenas estábamos en los primeros minutos del 2024 cuando se dio a conocer la noticia de que Japón fue azotado, una vez más, por un terremoto de magnitud 7.5 con epicentro en la prefectura de Ishikawa. Aunado al movimiento, la ciudad costera también se vio afectada por un tsunami que terminó por mermar en las calles, edificios y prácticamente toda la infraestructura urbana de la ciudad.
Hasta el momento se tienen registradas al menos 55 muertes y más de 34 réplicas en la cercanía de Ishikawa. El país nipón vivía un escenario parecido desde aquel terremoto del 11 de marzo del 2011 en Tohoku, que en ese entonces fue de magnitud 9.0 y dejó a su paso más de 15,000 personas muertas entre los escombros y las inundaciones que provocó el tsunami al noreste de Japón.
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Tras el sismo del 1 de enero del 2024, en Japón se estima que hay daños en las autopistas del oeste del país, además de edificios derrumbados y afectaciones en más de 45,000 hogares que hasta el momento presentan perjuicio en su estructura o carecen de servicios como electricidad. De igual forma, se calcula que hay más de 30,000 personas en centros de evacuación por el riesgo que representa permanecer en sus hogares debido a los riesgos por réplicas de la misma intensidad.
Estos fenómenos naturales por lo general acarrean una importante devastación en las zonas donde ocurren, más allá de las lamentables pérdidas humanas, por la destrucción de la infraestructura urbana. Es por esto que en los países que son golpeados por la fuerza de la naturaleza tardan mucho tiempo en regresar a la “normalidad”.
Sin embargo, el caso de Japón es algo distinto, ya que algo que caracteriza al país del sol naciente es su capacidad de reacción ante catástrofes. Ejemplo de ello es el relativamente rápido resurgimiento tras el sismo del 2011, del que apenas tardaron cinco años en arreglar las zonas afectadas para volver a la cotidianidad, pero que aún está planeado para seguir hasta el 2031, recordando que tras el tsunami también se dio un desastre nuclear por la planta de Fukushima.
Hace casi 13 años la devastación en Japón supuso daños por más de 235,000 millones de dólares, pero apenas terminaron las labores de rescate, ya se planeaba la reconstrucción. Por ejemplo, para el 24 de marzo del 2011 ya se había reparado por completo un tramo de 150 metros de la autopista Gran Kanto, en Naka, esto en un lapso de tan sólo seis días. La obra culminada sirvió para que los autos volvieran a transitar por la vialidad, lo que en otras partes del mundo se hace en tres meses.
Para volver a su vida normal, el gobierno japonés creó un organismo encargado de la reconstrucción y este sigue en funciones con un presupuesto de más de 15,000 mdd. La primera etapa de cinco años se enfocó en rehabilitar la infraestructura, vivienda, industria, sector energético y prevención de otros desastres.
Esta última etapa de labores consta de seguir reparando las zonas más afectadas, también plantea la atención a las víctimas con secuelas sicológicas y la reactivación económica de distintos puntos. La rehabilitación del país, en término de la funcionalidad de las ciudades, fue algo que se resolvió en apenas cinco años, pero las obras finales se quedaron para atender hasta la última afectación hasta dos décadas después.
No obstante, esto no sucede en todos los escenarios, ya que no todas las naciones disponen de la misma capacidad económica o de recursos. Asimismo, hay otros factores a considerar, como la intensidad del desastre, en este caso sismos, y el nivel de daño que dejaron a su paso, además de la voluntad política de llevar a cabo las obras necesarias para la recuperación.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la denominada “recuperación temprana” es un mecanismo por el cual se restablece la capacidad de instituciones nacionales y comunidades para recuperarse de un conflicto o un fenómeno natural, siempre priorizando reconstruir mejor sin caer en retrocesos, es decir, que lo que se haga sea igual o mejor que lo destruido.
El objetivo de esta recuperación temprana es la elaboración de procesos sólidos y sustentables para la recuperación oportuna tras un periodo de crisis. Esta inicia de manera inmediata tras una catástrofe y, según la propia ONU, puede tardar unos meses o extenderse por varios años, dependiendo los factores que se enlistaron con anterioridad.
La recuperación temprana tiene varias vértices, desde la restauración de servicios básicos como el drenaje y la energía, medios de vida, refugios de asistencia, asegurar la gobernabilidad, la seguridad de los pobladores, la preservación del estado de derecho, el cuidado del medioambiente y la contemplación de los diferentes factores sociales.
Ejemplo de lo que puede demorar un país con menos recursos es Haití, que el 12 de enero del 2010 también dejó grandes afectaciones, entre las que se enlistan más de 200,000 muertos. A inicios del 2023 ya se habían destinado miles de millones de dólares para las obras de reconstrucción, pero luego de una crisis social, el asesinato del presidente Jovenel Moïse, la llegada del covid-19 y otro sismo en 2020, poco se había concretado para restaurar el país.
Por otra parte, se acusó que los planes de reconstrucción ni siquiera fueron ideados por los haitianos, sino por “expertos internacionales” que no conocían a cabalidad lo que requerían los pobladores.
En contraste con lo ocurrido en Japón, en Haití no se cuenta con la capacidad de coordinar la ayuda y los esfuerzos necesarios para reconstruir el país. Si bien se destinó ayuda de todo tipo, esta nunca tuvo un impacto real a causa de la falta de capacidades, lo que hasta la fecha todavía deja muestras de la devastación ocurrida casi 13 años en Puerto Príncipe.
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