En Nuevo León siguen las disputas políticas que proliferaron a raíz de que el Congreso local truncó las aspiraciones presidenciales del gobernador Samuel García Sepúlveda. La forma en que el mandatario inició un pleito con la oposición conformada por el PAN y el PRI, es con la retención de recursos ya planeados para el 2023, en los que se tenían contemplados más de 2,500 millones de pesos.
El pasado 19 de junio, el secretario de Gobernación, Javier Navarro Velasco, anunció la suspensión del Fondo Municipal que era para los ayuntamientos de dichos partidos y asciende a 2,500 mdp. El gobierno de Samuel García argumentó que esto se debe a que un juez concedió una suspensión provisional para no entregar el dinero a las comunidades.
Es por esto que hoy el gobierno de Samuel García continúa la retención de los recursos que originalmente estaban destinados para los municipios, pues afirmó que, de no haber una resolución por parte de los tribunales locales y federales, la situación no cambiará y estos podrían perderse definitivamente al final de este año.
De ser así, se estarían cortando recursos para áreas importantes como la compra de ambulancias, patrullas, rehabilitación de espacios públicos y medicinas para enfermos. Es por esto que los ediles de PAN y PRI, que suman 30 de los 51 municipios del estado, exigen el pago de los recursos.
Más allá de que haya una controversia pendiente por resolver en tribunales, no siempre queda claro si un gobernador está facultado para coartar recursos estatales o federales a los municipios, ya sea porque estos son gobernados por las fuerzas políticas opuestas al gobernador, o por otro motivo.
En el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que las entidades federativas tienen autonomía para la administración y resguardo de sus recursos y los convenios de colaboración que firmen con los municipios. De acuerdo con la legislación de cada entidad, en la Ley de Egresos del ejercicio fiscal de cada año se deben destinar recursos para los municipios.
A esto se suma que la federación también transfiere recursos a los estados para que, a su vez, estos los repartan de manera equitativa y de acuerdo con sus necesidades, como es el caso del Fondo Municipal.
Sin embargo, en estos casos son recursos que ya vienen etiquetados, es decir, ya tienen un fin específico, por lo que no pueden ser alterados o retenidos por la entidad a menos que haya una causa justificada. De acuerdo con el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los recursos etiquetados que no hayan sido pagados deben regresar a la Tesorería de la Federación o, en su caso, entregarse a más tardar en el ejercicio del año siguiente.
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En caso de que no haya motivo para que los recursos etiquetados sean retenidos o recortados, los municipios podrán pedir la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) o de la Auditoría Superior del Estado (ASF), o bien, del Poder Legislativo a través del Congreso Local o el Congreso de la Unión, a fin de que alguna de estas instituciones restituya los recursos que les corresponden.
Samuel García se ha pronunciado respecto a que no es su decisión la retención de los recursos que hoy denuncian los municipios, pues sólo se espera la resolución de un tribunal para entregarlos, pues esto no sólo afecta a los gobernadores por el PRIAN, sino también a los de otros partidos. También ha declarado que en la Ley de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2024 se dispondrán recursos para los 51 municipios.
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