A partir del primer minuto del 15 de noviembre, Carreteras y Puentes Federales (Capufe) dio a conocer que a nivel nacional hay un aumento del 3 % en las tarifas de peaje en las carreteras nacionales. Fiel a su estilo, el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó el aumento aumentando que este se sitúa debajo de la inflación, que en octubre estuvo en 4.26 %.
Algunas carreteras que incrementaron su costo llegaron a tarifas de 301 pesos para motos y 603 pesos para coches, caso de la Cuernavaca-Acapulco, mientras que otras como la Durango-Mazatlán cuestan 371 pesos y 743 pesos para motos y coches, respectivamente.
Esto no aplicará para todas las carreteras, únicamente es para aquellas que están concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), además de que supuestamente no se hará efectivo en Guerrero, donde todavía sufren los estragos de Otis. Más allá de los argumentos del jefe del Ejecutivo, para muchas personas esto no se justifica debido al estado de las carreteras y lo peligroso que resulta transitar en ellas.
Y es que además de la evidente inseguridad que se vive en todo el país y las carreteras, es notable el deterioro de los caminos federales por los que la gente se ve obligada a transitar diariamente. Por esto, a pesar de que se argumente que el aumento de las tarifas también es para el mantenimiento y los gastos operativos, la realidad es que hoy las carreteras no reflejan un buen estado en ningún sentido.
Por ejemplo, el nivel de robos que se dan en las carreteras no ha hecho más que crecer en los últimos años, pues en 2022 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó un total de 8,836 asaltos a transportistas en las carreteras federales. En su último reporte semestral publicado el 20 de julio, el SESNSP registraba 4,761 robos.
Esto quiere decir que de seguir con una tendencia similar en el segundo semestre de este año, llegaríamos a poco más de 9,500 robos a transportistas. De acuerdo con el SESNSP, las entidades que más peligro representan son el Estado de México con 2,106 robos, Puebla con 1,362 casos, más abajo está Michoacán con 387 reportes, San Luis Potosí con 222 y Jalisco con 153 robos.
La forma en que los grupos delictivos llevan a cabo sus atracos pone en riesgo la vida de los trabajadores y familias, pues en algunos casos se ha visto cómo paran el tráfico de diferentes maneras para asaltar a los viajantes, sin que las autoridades y los cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional estén presentes y pendientes para evitarlo.
El problema ha escalado a tal grado que en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del segundo semestre del 2023, el 51.6 % de los usuarios declaró que se siente inseguro mientras transita por una carretera.
Por otra parte, hablando propiamente de cómo están las carreteras en la actualidad, la Capufe no ha atendido la infraestructura en algunos puntos del país. Ejemplo de ello es la carretera Durango-Mazatlán, una de las más caras en la actualidad que todavía presenta problemas y daños que no han sido arregladas.
Lo mismo sucede con la carretera Edzná-San Luciano, en Campeche, vialidad que aún presenta múltiples baches en algunos tramos, algo que obliga a los usuarios a ir más despacio, lo que a su vez los hace más vulnerables a robos y asaltos.
De cara al 2024, el presupuesto de la federación plantea un monto de 35,133 millones de pesos para las carreteras del país, aunque se plantea que la parte de estos recursos se destinen a la parte sur y sureste de México, pues ahí se están llevando a cabo obras faraónicas de la administración de AMLO, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Con dicho presupuesto más lo recaudado con el nuevo aumento, en teoría se espera que se empiece a ver una mejoría en los caminos federales, que buena falta les hace.
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