La muerte de Jesús Ociel Baena Saucedo, magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes, conmocionó no solamente a la comunidad LGBTIQ+, sino que llamó la atención de una gran parte de la población debido a la popularidad que logró esta persona.
Jesús Ociel Baena se autodenominó como el primer magistrade de género no binario en ser reconocido por una autoridad electoral, no solamente en México sino en América Latina, lo cual lo llevó a convertirse en un símbolo para la comunidad LGBTIQ+.
La relevancia de Jesús Ociel no era nueva y aunque llevaba varios años en el foco mediático, recientemente había generado controversia por la publicación de un video en el cual invitaba a más personas de la comunidad LGBTIQ+ a buscar empleo en la bolsa de trabajo de las autoridades electorales.
El caso aparentemente seguirá llamando la atención de la sociedad pues hasta el momento las autoridades de Aguascalientes sostienen que su pareja sentimental lo habría asesinado para después cometer suicidio.
Sin embargo, colectivos en defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ han llevado a cabo manifestaciones en diversos estados de la república, incluido Puebla, para exigir que la muerte de Jesús Baena y su pareja sentimental no sea investigada como suicidio sino como un crimen de odio.
Esto nos lleva a recordar a otras víctimas de crímenes de odio que lamentablemente tuvieron que ser asesinadas para generar un cambio social a favor de la diversidad sexual y el reconocimiento de las minorías.
Agnes Torres
Sin duda uno de los casos que me llama la atención cuando se habla de algún crimen de odio o en contra de la comunidad LGBTIQ+ es el de Agnes Torres, una activista transgénero originaria del municipio de Tehuacán, Puebla, que fue asesinada en marzo del 2012.
El asesinato de Agnes Torres, cometido por su pareja sentimental y cuatro sujetos más, tuvo varias repercusiones en el ámbito legal y a favor del reconocimiento de personas transgénero.
Por ejemplo, uno de los más notables fue que tras su muerte el Congreso del Estado reconoció en el código de defensa social de Puebla el término crimen de odio como una agravante de asesinato por cuestión de género u orientación sexual.
Otra repercusión que tardó prácticamente una década en aplicarse fue la conseguida el 25 de febrero de 2021 cuando el Congreso del Estado aprobó reformas el Código Civil conocidas como la Ley Agnes Torres, para permitir que las personas transgénero obtengan un estatus legal de acuerdo a su identidad sexo genérica.
Con esto las personas transgénero que decidan modificar sus documentos legales, como su acta de nacimiento, podrán hacerlo a fin de llevar un nombre acorde a su identidad autoidentificada, sin importar que sea diferente a la biológica.
Jonathan Santos
El 11 de agosto de 2020 se dio conocer sobre el asesinato de Jonathan Santos, un joven de la comunidad LGBTIQ+ y estudiante de la Universidad de Guadalajara, quien fue asesinado con un disparo de arma de fuego en la cabeza.
Tres días después del crimen, fueron detenidos dos sujetos quienes a la postre serían investigados por el delito de feminicidio, situación que provocó indignación en los integrantes de la comunidad LGBTIQ+.
Varias organizaciones en Jalisco reprochaban la falta de protocolos por parte de la Fiscalía para investigar crímenes de este tipo, pues inicialmente las autoridades únicamente pretendían indagar sobre el hecho como un robo o como un crimen pasional.
Fue tras la presión de las organizaciones que también se incluyó la línea de investigación de crimen de odio; sin embargo, el caso terminó procesándose como un feminicidio, aún y cuando Jonathan no se autoidentificaba como mujer transgénero sino como un hombre o homosexual.
Las organizaciones señalaron que apenas un año antes, el Congreso de Jalisco había aprobado una reforma para tipificar el Código Penal los crímenes de odio; no obstante, las autoridades ministeriales nunca llevaron a cabo ninguno de estos protocolos.
El crimen cometido en contra de Jonathan ha provocado que hasta la fecha organizaciones hayan aportado ideas para el fortalecimiento del marco jurídico que permita sancionar este tipo de crímenes de odio sin caer en la revictimización.
Joven seropositivo torturado en Cancún
Aunque sus repercusiones no se han visto manifestados en reformas judiciales, este hecho ocurrido el 5 de junio de 2021 en Cancún, Quintana Roo, causó gran indignación por parte de la comunidad LGBTIQ+ de México y de otras partes en el extranjero.
Se trata del crimen de odio cometido en contra de un joven homosexual y VIH seropositivo, quien fue torturado y quemado vivo tras acudir a una fiesta en la cual habría revelado su condición.
Este hecho generó múltiples manifestaciones en este destino turístico e incluso provocó posicionamientos por parte de la Secretaría de Gobernación Federal, la subsecretaría de Derechos Humanos, y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
Incluso en el ámbito internacional también causó controversia, pues organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos y algunos países de Europa se posicionaron en contra de lo ocurrido y exigieron a las autoridades mexicanas sancionar este tipo de conductas.
El asesinato ocurrió dentro de un taller de herrería donde fue golpeado, torturado, atacado con arma blanca y posteriormente quemado. Además, los terribles hechos se cometieron durante el mes que se conmemora el orgullo gay.
En Quintana Roo no se han hecho reformas al Código Penal para incluir el tipo penal de crimen de odio como una agravante en homicidios por razón de género.
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