Los migrantes que atraviesan nuestro país, principalmente con la intención de llegar a los Estados Unidos, continúan padeciendo de una serie de problemas que van desde la violencia hasta la correcta aplicación de los protocolos de respeto a los derechos humanos.
Así lo documentaron integrantes de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM), quienes este jueves presentaron su informe 2021-2022 en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP)
Sara López, integrante de la REDODEM, se encargó de informar la metodología que se utilizó para el informe, la cual constó principalmente de la elaboración de encuestas y monitoreo del flujo migrante en los 18 albergues que se encuentran afiliados a la red.
A través de estos albergues que trabajan con la red de se logró monitorear que durante dicho periodo llegaron aproximadamente 44,989 migrantes, de los cuales el 84.5 % fueron hombres y el 15.4 % fueron mujeres, además de que el albergue con mayor flujo fue el de Palenque, Chiapas, que albergó un 57 % de la población migrante.
La mayor parte de los migrantes que llegan a estos albergues son personas entre los 30 y los 44 años además de que Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Venezuela y Haití, continúan siendo los países que están a la cabeza en la expulsión de migrantes que llegan a nuestro país.
Durante su intervención Sergio Luna, integrante de la REDODEM, explicó que entre los hallazgos más importantes de este informe está la incidencia delictiva en contra de la población migrante, pues durante el 2021 y 2022 se registraron al menos 1,931 casos de delitos.
De dicho número se desprende un total de 7,729 víctimas de la población migrante, de las cuales el 65 % corresponde al robo de pertenencias; el 14.6 % a agresiones; el 10 % a extorsión y un 4.9 % a privación ilegal de la libertad.
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Sergio Luna, integrante de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (#REDODEM), reveló que entre el 2021 y 2022 se han encontrado a 7,729 #migrantes víctimas de #delitos, a su paso por México.
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Sin embargo, Sergio Luna reconoció que existe una cifra negra en estos indicadores pues muchos de los migrantes cuando llegan a los albergues se resisten a denunciar los delitos de los que fueron objeto durante su travesía, ya sea por temor a represalias o por desconocimiento de dónde ocurrió y quién fue el responsable.
Otro de los hallazgos durante la elaboración de este informe fue el aumento en el número de accidentes viales que ha tenido víctimas mortales en la comunidad migrante, de los cuales varios han ocurrido en Puebla y su zona limítrofe con Oaxaca.
Del mismo modo se documentó un incremento en el número de operativos que las autoridades denominan rescate de migrantes, aunque en realidad se trata de detenciones masivas que en muchas ocasiones violan los derechos humanos de las personas en condición de movilidad.
En este sentido explicaron que la Guardia Nacional es uno de los actores que se suma a la presión que reciben los albergues de migrantes a lo largo del país pues actualmente la política pública federal es la de retener y expulsar a los migrantes para evitar que lleguen a la frontera norte con Estados Unidos.
La REDODEM ha documentado casos de acoso y presión por parte de integrantes de la Guardia Nacional en los diferentes albergues, la cual se suma a la que ya llevaban a cabo integrantes de crimen organizado para el reclutamiento de estas personas.
Finalmente señalaron que México demuestra un retraso en las políticas públicas para la regularización migratoria pues actualmente es muy complicado y muy costoso que una persona que entró ilegalmente a nuestro país pueda legalizar su situación.
???????? La regularización migratoria en #México es un pendiente en la política pública pues, además de ser complicado, se vuelve muy costoso pues llega a costar hasta $10,000 pesos, informa Sergio Luna de la #REDODEM. pic.twitter.com/Cn6Tjp60dh
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Revelaron que el trámite por regularizar la situación migratoria de una persona es de aproximadamente 10,000 pesos, por lo que regularizar a una familia de cuatro integrantes resulta sumamente costoso, situación que provoca que estas personas prefieran mantenerse en la ilegalidad.