La "puerta giratoria" es como se le conoce a ese defecto del sistema de justicia en México, mediante el cual las personas que ingresan a prisión por algún delito salen al poco tiempo y, en cuestión de semanas o meses, vuelven a ingresar, entrando en un ciclo constante de entradas y salidas en los centros penitenciarios.
Estos defectos del sistema judicial en México y la percepción de injusticia en la sociedad son fenómenos sumamente profundos y culturales, pues tienen que ver con la idea de que la justicia se obtiene únicamente cuando el responsable de algún delito permanece en prisión.
Entonces, cuando una persona es detenida por algún delito contemplado en el código penal, generalmente ingresa a prisión y es en ese momento cuando la sociedad tiene una percepción de que se hizo justicia.
Sin embargo, cuando esta persona obtiene su libertad física a través de alguno de los múltiples mecanismos contemplados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, esta percepción cambia y se considera que se cometió una injusticia.
La percepción de injusticia
Para entender un poco el tema, primero que nada es necesario hacer algunas precisiones de carácter técnico, pues en 2016 comenzó a aplicarse el Nuevo Sistema de Justicia Penal de tipo acusatorio, el cual privilegia la presunción de inocencia y está basado en un mecanismo que buscaba reducir la población penitenciaria.
Haciendo una revisión hemerográfica, podemos encontrar que este fenómeno de la "puerta giratoria" era aún más común en los meses posteriores al momento en que comenzó a aplicarse este Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Errores procesales, falta de capacitación de los agentes del ministerio público, errores cometidos por los policías y otras fallas de carácter administrativo provocaron que los jueces dejaran con frecuencia a presuntos delincuentes en libertad.
Esto generó una percepción de injusticia en la sociedad, quienes, sin importar si las autoridades encargadas de acusar a los delincuentes estaban haciendo bien su trabajo, reprochaban a los jueces su incapacidad para mantener a los delincuentes tras las rejas.
Varios especialistas consideran que esto fue uno de los principales errores para que el sistema penal acusatorio aún no funcione de la forma en que debería hacerlo en nuestro país.
Y es que en ese momento los poderes judiciales de las diferentes entidades de la República comenzaron a ser señalados desde el poder ejecutivo, legislativo y desde la sociedad, dejando de lado la naturaleza del sistema penal acusatorio y privilegiando la sensación de justicia social que era mantener a los sospechosos en la cárcel.
De este modo, comenzaron a ser omisos respecto a los yerros administrativos de las fiscalías y las corporaciones de seguridad pública, además de comenzar a abusar de la medida cautelar de prisión preventiva necesaria o justificada.
Esto provoca que personas detenidas por delitos menores sean enviadas a los centros penitenciarios y que, unas semanas o meses después, puedan obtener su libertad a través de juicios de amparo o procedimientos administrativos, ya que este tipo de faltas, como son los robos, no están contemplados como delitos que ameriten la permanencia del imputado en la cárcel.
¿La cárcel es la verdadera solución?
Partiendo de este punto, encontramos que actualmente la sociedad sigue creyendo que un sospechoso fuera de la cárcel es un acto de injusticia; sin embargo, dejan de lado el derecho que tienen todas las personas a llevar un proceso judicial apegado a las reglas que marca la ley.
Esta situación provoca que muchas veces la sociedad se vuelva juez y parte de los señalamientos hacia los presuntos responsables, pues basta con que sean boletinados por alguna corporación de seguridad pública o señalados por alguna persona como delincuentes para que directamente la gente de por reales los señalamientos.
Esto puede ser riesgoso, ya que no es un secreto que en nuestro país existe la fabricación de delitos, lo cual puede provocar que personas inocentes sean imputadas por faltas que nunca cometieron.
Asimismo, el sistema de justicia penal acusatorio quería despresurizar la población penitenciaria, limitando el número de delitos considerados como graves y que ameritan la prisión preventiva oficiosa.
Esto quiere decir que el sistema penal actual debe priorizar que en las prisiones únicamente estén personas señaladas por delitos catalogados como graves, como puede ser el homicidio, la violación, el secuestro, la delincuencia organizada, entre otros.
El sistema de justicia penal acusatorio quería evitar que personas detenidas por robo de autopartes, asaltos cometidos sin violencia y otro tipo de faltas hasta cierto punto menores, estuvieran en las cárceles.
Este tipo de beneficios aplica incluso para reincidentes, siempre y cuando se cumplan algunos requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo, en nuestra sociedad sigue siendo mal visto que estas personas puedan acceder a estos beneficios.
¿Y la sentencia?
Con el sistema penal acusatorio actual también llegaron nuevas alternativas para dar justicia a las víctimas, por lo que las sentencias que eran emitidas con el anterior sistema inquisitivo podrían ser sustituidas por otras variantes.
Por ejemplo, si una persona es detenida por robo, puede obtener su libertad en un procedimiento penal que dure aproximadamente 72 horas después de que se cometió el hecho, ya que la víctima, en caso de sustentar su denuncia ante la fiscalía, puede solicitar la reparación del daño.
Esto quiere decir que la víctima puede solicitar que se le repare el daño de forma económica, pero también puede hacer otro tipo de peticiones equivalentes al daño que sufrió.
En Puebla y otras partes del país se han documentado casos de personas que solicitan la reparación del daño obligando a que el delincuente consiga un trabajo formal y permanezca en él por al menos uno o dos años, que regrese a la escuela o incluso que haga servicio social.
Este tipo de posibilidades sustituye a las sentencias de antaño en las cuales se le dictaba tres años de prisión a una persona, aunque al final de la misma nada garantiza que esta persona en verdad había recibido acompañamiento para una correcta reinserción social.
También es necesario que muchas personas conozcan que con el sistema penal actual, que una persona señalada de un delito menor salga de prisión no quiere decir que ha sido exonerada, pues existe la posibilidad de seguir su proceso penal fuera de la cárcel.
Generalmente, este tipo de personas están obligadas a presentarse periódicamente a afirmar lo que coloquialmente se conoce como su libertad condicional, además de que deben entregar una suma de dinero y comprometerse a no salir de la ciudad o del Estado, según lo establezca el juez.
¿Entonces cuál es el problema?
De este modo, podemos decir que el problema real no es cuántas personas entran y salen de la cárcel, sino la falta de un correcto programa de reinserción social que garantice que las personas que llegan a salir de prisión podrán reintegrarse a la sociedad sin caer nuevamente en la comisión de delitos.
Asimismo, podemos señalar que el problema no es que una persona imputada de algún delito lleve su proceso en libertad, sino la carga de trabajo que tiene el poder judicial para poder desahogar todos los procedimientos y que se cumplan los tiempos procesales en los periodos que marca la ley.
La ley establece que el proceso penal de una persona no debería extenderse por más de un año, pero en la realidad podemos ver que hay en prisión personas con más de cinco años detenidas y siguen esperando una sentencia.
De este modo, podemos concluir que actualmente hace falta un proceso de socialización para que la gente conozca que la justicia no solamente se obtiene con un sospechoso en la cárcel y que estando fuera de ella también pueden estar sujetos a un proceso; también es necesario que haya más recursos para tener más personal que se encargue de desahogar todos los procedimientos administrativos.
Con la obtención de sentencias y la reducción de los tiempos procesales, se podrían concluir los procedimientos de una forma más ágil y con ello se reduciría la población penitenciaria y más personas podrían obtener justicia.
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