Según datos de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), en el primer trimestre del 2023, el precio de la vivienda aumentó 11.7 % respecto al mismo periodo del 2022, una tendencia que se ha dado de manera constante en los últimos años. Para algunas personas, esto corresponde a efectos inflacionarios y otras cuestiones de mercado que hacen que el precio varíe, aunque la tendencia también se puede explicar por decisiones políticas e inmobiliarias.
En entrevista con Imagen Poblana, la abogada Carla Escoffié comentó cómo es que llegamos a un punto en el que la vivienda ya no es vista como un derecho o un espacio de habitabilidad, sino como un mero objeto de especulación financiera. De igual forma, afirmó que en la actualidad ya estamos viendo los efectos de no regular el mercado inmobiliario, principalmente con afectaciones a la accesibilidad y al medioambiente.
Carla es originaria de Mérida, Yucatán, y en su carrera como abogada se ha enfocado al activismo en defensa de los derechos humanos, puntualmente al derecho a la vivienda y a la ciudad. Actualmente, radica en Monterrey, ciudad en la que labora como directora del Centro de Derechos Humanos de la Escuela Libre de Derecho de Monterrey.
A la par, desde sus redes sociales crea contenido para difundir información que le sea útil a la población para ver los problemas que surgen en México en torno a la vivienda.
Estas fijaciones por la vivienda y la ciudad las adoptó cuando era estudiante y tuvo la oportunidad de participar con una organización de derechos humanos que defendía a comunidades originarias de Yucatán ante escenarios de despojo por desarrollos inmobiliarios. Vio cómo los derechos a la vivienda eran vulnerados, principalmente en las mujeres.
Cuando se habla del derecho a la vivienda suele haber confusión, ya que hay quienes lo interpretan, intencionalmente o por desconocimiento, como el hecho de que se regalen casas a las personas que no pueden adquirir una. Carla reviró este argumento señalando que, a lo que realmente se refiere, es a la garantía de tener un espacio habitable con alternativas para no terminar en situación de calle. Este puede ser propio o arrendado y no necesariamente tiene que ser permanente, ya que también se contemplan los espacios temporales.
Abarca diferentes vertientes, desde facilitar el derecho a la propiedad, hasta el arrendamiento, la conformación de cooperativas de vivienda o la vivienda temporal, como aquella que está diseñada para mujeres que sufren algún tipo de violencia. Se puede concretar con leyes inquilinarias, restringiendo los desalojos forzosos o evitando la discriminación de compra y renta de vivienda.
Carla explicó que en México no se tienen leyes de derecho a la vivienda, pues en realidad lo que se ha legislado son políticas con perspectiva y beneficio para inmobiliarias. Ninguna ley de esta naturaleza está pensada para facilitar el acceso a la vivienda, sino que están hechas para procurar ganancias.
“En todo el mundo se da este proceso de financiarización de la vivienda, ¿qué quiere decir esta palabra? Que la vivienda es utilizada como un vehículo financiero, como lo que veíamos con los Bitcoin o los NFTs, pero se está haciendo con la vivienda. Hay ciertos actores que están comprando vivienda, no para vivir, no para rentarla, no para venderla, sino para esperar a que suba su valor y luego revenderla a otras personas que la quieren para esperar a que suba su valor”, dijo.
Gracias a esto, el mercado en torno a la vivienda se llena de especulación, trayendo como consecuencia un alza constante en los precios y generando daños al medioambiente. Este fenómeno de financiarización se hace más notable en países de Latinoamérica, toda vez que la mayoría están marcados por las desigualdades y la corrupción que permiten prácticas similares. A esto se suman un estado de derecho débil que no ha procurado la protección del derecho a la vivienda.
Tenemos que diversificar la política de vivienda
Nuestra entrevistada afirmó que para empezar a revertir esta situación en la que nos hemos metido, es importante diversificar las políticas de vivienda para que se contemplen las necesidades de los distintos sectores de la población. Si bien no se puede abarcar a todos, sí debe priorizarse que la gente pueda tener acceso a una vivienda asequible, aunque para ello primero debe ponerse el tema en el debate público y que cada vez más gente se pronuncie al respecto.
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La diversificación de la vivienda, contrario a los pudiera creerse, es una medida que se ha adoptado en varios países, desde Estados Unidos y Canadá, hasta otros en Europa como Alemania y Suecia, e inclusive en nuestra región, en Colombia y Perú. Esto ha sido posible en naciones con distintas capacidades, regulaciones y que han tenido gobiernos de izquierda, derecha y centro, por lo que el hecho de que en México aún no sea realidad es una cuestión de voluntad política.
“Muchos países tienen viviendas de arrendamiento público, es decir, edificios que el estado pone en renta a precios bajos y, como no tienen un ánimo de lucro, lo que hace es que cobra sólo para garantizar la manutención del edificio. Los vemos en Estados Unidos, en Finlandia, pero también en Paraguay, Argentina, es decir, países de América Latina”, sentenció Carla.
Para Carla, que en México no haya algo parecido obedece a que llevamos décadas de priorizar las necesidades del sector inmobiliario, más allá de las necesidades de la población.
De no corregir el rumbo, las consecuencias no son algo que nos espere en el futuro, pues en realidad ya se ven con las afectaciones al medioambiente. La defensa ambiental y la defensa de los derechos a la vivienda son luchas estrechamente unidas. Los grandes desarrollos inmobiliarios siempre van de la mano con la deforestación y devastación de hábitats, despojo, mala administración del suelo y uso excesivo de agua.
“¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo?, pues más bien me parece ¿cuáles son las consecuencias que estamos viviendo? Me parece que ya las estamos padeciendo y que pueden ser peores si no se adoptan las medidas necesarias”, finalizó.
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