“La justicia es para quienes la pueden pagar”, “mi expediente duerme el sueño de los justos”, “necesitamos para las copias y para repartir”, son frases que están muy arraigadas en el imaginario de todos los mexicanos en alusión a una impartición de justicia cara, lenta y corrompida y que hoy, en medio de la mayor transformación que vive el país, se resiste a cambiar con un paro de labores.
A lo largo del periodo neoliberal (1988-2018) los salarios de los altos funcionarios de los tres poderes aumentaron inconmensurablemente, al tiempo que el salario de la clase trabajadora perdió tres cuartas partes de su poder adquisitivo lo que ocasionó una brecha económica y social entre el pueblo y el gobierno. En este sexenio se redujo drásticamente el salario del presidente y por mandato constitucional ningún funcionario puede ganar más, por lo tanto, se redujeron los salarios de secretarios de estado, directores generales, diputados, senadores y consejeros.
Algunos canallas, con chicanadas, se opusieron a renunciar a sus privilegios, como Lorenzo Córdova y Ciro Murayama que nunca redujeron su salario; los jueces y magistrados tampoco han querido. Hoy las diferencias son abismales, incluso, los ministros mexicanos ganan más que sus pares en Estados Unidos y Canadá como se muestra en la gráfica siguiente. Para que un ministro de Estados Unidos gane lo mismo que un mexicano debe trabajar casi un año más; un ministro brasileño tendrá que trabajar 5 años y uno colombiano tendría que estar 25 años en el puesto, algo imposible.
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Elaboración propia
De acuerdo con datos del IMSS, el salario promedio de un trabajador asegurado equivale a 240 mil pesos anuales, por lo tanto, para que un trabajador promedio iguale el ingreso de un año de un magistrado deberá trabajar 35 años. En otras palabras, es inverosímil, los salarios de los altos juzgadores están fuera de la realidad nacional.
Por si esto fuera poco los magistrados reciben prestaciones adicionales a costa del erario: ayuda de alimentación, menaje de casa, gasolina, viáticos, seguros de gastos médicos mayores, telefonía celular, choferes y un largo etcétera que suma 84 mil millones de pesos de presupuesto total. Esto es exactamente el doble del presupuesto que ejerce el Estado de Quintana Roo, la mayor entidad en generar divisas por turismo; equivale al gasto sumado de los estados de Campeche, Tlaxcala y Nayarit. Este derroche se concentra en menos de 250 funcionarios porque los trabajadores del poder judicial como los oficiales, técnicos, diligenciarios, auxiliares e incluso secretarios de acuerdos tendrían que trabajar hasta 17 años para igualar el ingreso anual de un magistrado.
Para detener, aunque sea un poco, el despilfarro de los llamados “servidores públicos superiores” (como se les identifica en los rubros presupuestales) la fracción de MORENA en la cámara de diputados propuso extinguir 13 fideicomisos del Poder Judicial que están fuera de la Ley Orgánica del propio poder, es decir, existen de forma ilegal. Estos fideicomisos son fondos de dinero público que se formaron en administraciones pasadas y de los que ahora disponen los magistrados sin que pasen por la regulación del poder legislativo por lo que no entregan cuentas. Se sabe que estos fideicomisos suman más de 15 mil millones de pesos con lo que se podría becar a más de millón y medio de niños en educación primaria o pensionar a casi 900 mil discapacitados.
De aprobarse la propuesta legislativa el dinero de los fideicomisos extinguidos tendrá que devolverse a la Secretaría de Hacienda para que se sume al gasto público. Los salarios y prestaciones de los trabajadores del poder judicial no se verán afectados porque están contemplados en el gasto corriente, sin embargo, azuzados por los ministros, particularmente la presidenta Norma Piña, los trabajadores se han declarado en huelga, pero sus demandas no han encontrado eco en la población que mira a los juzgadores como corruptos. La huelga podría aislar aún más al poder judicial porque retrasará [aún más] los procesos judiciales en trámite.
El poder judicial es responsable de descongelar las cuentas bancarias de personajes como García Luna que la Unidad de Inteligencia Financiera congeló; ha liberado a narcotraficantes, asesinos, violadores, mientras que mantiene a más de 90 mil presos sin sentencia (casi el 50% del total de la población carcelaria); ha otorgado amparos “exprés” a gobernadores caprichosos de la oposición para dejar sin libros de texto a los niños de Chihuahua; ha fallado a favor de grandes evasores fiscales como Salinas Pliego; ha perdonado multas de empresas como Iberdrola y es responsable del clima de impunidad (crimen sin castigo) que hoy vive el país.
Es un descaro lo que los magistrados están pidiendo porque es desproporcional a la realidad nacional, ojalá que los trabajadores operativos se pongan del lado del pueblo. Para transformar al país debemos cambiar todo lo que deba ser cambiado, no hay cabida para conservadores, así usen toga, el poder popular los alcanzará.
*Profesor-Investigador Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores
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