La justicia en México se encuentra "en paro" tras las protestas de trabajadores en diversos estados por la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF). El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) anunció que, respaldando las manifestaciones, se declararon como inhábiles los días que durará el paro nacional.
Con el objetivo de garantizar el derecho al acceso a la justicia, la CJF anunció algunas medidas que se aplicarán del 19 de octubre al 24 de octubre de 2023. El Comité Ejecutivo Nacional de Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial informó su decisión de paro con motivo de la extinción de los fideicomisos como parte del Paquete Económico 2024.
Los tribunales de la federación mantendrán su operación exclusivamente para atender los casos urgentes. Estos se atenderán por medio de trabajo remoto y con el personal mínimo necesario. Para cumplir con el acceso a la justicia se establecerá un esquema de guardias para realizar el trámite de los asuntos, detalló el máximo órgano jurisdiccional.
El CJF también puso a disposición de la ciudadanía un portal de servicios del Poder Judicial. En este se podrá dar trámite a los asuntos que sean considerados urgentes. Las sesiones y audiencias de los tribunales se podrán realizar únicamente a través de sesiones virtuales.
Asuntos que sí se atenderán en el paro nacional
Sabiendo que es imposible detener la justicia en México, solamente se atenderán los trámites urgentes contenidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, explicó el Consejo de la Judicatura Federal. En este se contemplan actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal e incomunicación.
Además, se atenderán temas como la deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada o los delitos contenidos en el artículo 22 de la Constitución. Se encuentra la prohibición de penas por mutilación, infamia, marca, azotes, confiscación de bienes, entre otros.
Se contempla la posibilidad de tramitar de manera urgente los asuntos contemplados en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la incorporación forzosa del Ejército, Fuerza Aérea o Armada. Asimismo, aquellos donde los derechos humanos se pueden ver afectados o que tengan un impacto diferenciado o interseccional sobre el acceso a derechos económicos y sociales para poblaciones en situación de vulnerabilidad. (Notipress)
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