El 6 de septiembre, el diputado federal de Morena, Ignacio Mier Velasco, presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la que se pretende eliminar 13 de los 14 fideicomisos que destinan recursos a dicha instancia. Se quitarían más de 15,000 millones de pesos destinados a pensiones, servicios de salud y nuevas plazas, aunque los diputados del oficialismo se empeñan en decir que el dinero es usado para privilegios de los altos mandos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Derivado de esta iniciativa, en todo el país se han dado movilizaciones y protestas de los trabajadores del PJF, quienes externan su rechazo al recorte presupuestario, argumentando que con ello se les restringirían derechos básicos que se han ganado a través de los años.
Tras las marchas en Puebla, preguntamos a los trabajadores del PJF acerca de cuáles serían los impactos directos de la eliminación de estos fideicomisos y dónde radica la importancia de conservarlos. De igual forma, contestaron a los legisladores de Morena que siguen insistentes en la idea de que los fideicomisos son destinados a lujos.
Por un lado, José Castillo, trabajador del Poder Judicial, explicó que si bien hay varios efectos adversos por la eliminación de los fideicomisos, las principales afectaciones se verían en el servicio que brindan a la sociedad y al país en general. Sostuvo que estas acciones dejan ver que actualmente, tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo, están tratando de inmiscuirse en la manera en que se maneja el Judicial.
A través de la administración Federal, dijo, es que se atenta contra la división de poderes y, nuevamente, esa es la principal afrenta que conlleva la eliminación de los 13 fideicomisos; no obstante, a ellos como trabajadores también les afecta, porque el dinero que se les pretende quitar estaba destinado al pago de pensiones y a los servicios de salud que no se podían otorgar en las instancias públicas.
"Es un dinero que ya tiene el Poder Judicial desde antes, unos fideicomisos que ya han aprobado los diputados antes, y que ahora resulta, dicen que son ilegales. No es cierto, ellos mismos los aprobaron desde antes del 2018", afirmó.
Contrario a lo dicho por legisladores como Ignacio Mier o Hamlet Almaguer, de Morena, agregó, los fideicomisos no se destinan a lujos o privilegios de jueces, magistrados o ministros, sino que son para las necesidades y derechos de los trabajadores de base.
Por su parte, la trabajadora Shadeni Popoca comentó que desde su punto de vista las consecuencias más importantes se ven en sus garantías como empleados del PJF. Detalló que parte de los usos que le dan al dinero de los fideicomisos es para cubrir gastos médicos a los que no tienen acceso en hospitales públicos, que generalmente están rebasados.
"El derecho a la salud lo tenemos todos los mexicanos y nosotros como trabajadores del Poder Judicial nos quieren quitar ese derecho que ya tenemos como cualquier otra persona. Eso lo ven como un privilegio que nos quieren quitar", dijo la entrevistada.
Shadeni aseguró que el 60 % de los recursos de dichos fideicomisos beneficia al 60 % de los trabajadores operativos, por lo que concretar su eliminación tendría graves consecuencias en sus derechos, más no en privilegios de otras personas.
Respecto a los diputados que impulsan y defienden esta iniciativa, sentenció que los más privilegiados son ellos, aún más que el Judicial y el Ejecutivo. Aseveró que con la llegada del presidente López Obrador se planteó una reducción al salario de los legisladores y dicha acción nunca ocurrió, pero ahora se enfocan en este poder porque no cumple los "caprichos" de Morena.
"Como capricho del Ejecutivo, cuando nosotros no concedemos algún amparo por alguna arbitrariedad que ellos hayan cometido, entonces esta es su forma de venganza en contra del PJF", dijo.
Por último, Marylin Morales comentó que el problema central son los recortes a servicios que les son útiles y a sus familias con servicios médicos, alimentación y vestimenta diaria, lejos de ser lujos. Ellos, como todos los servidores públicos, tienen el derecho a estas prestaciones y negárselas sería un retroceso en materia laboral.
“¡Son derechos y ustedes también deberían tenerlos, entonces, si no los quitan a nosotros, se los quitan a todos!”, sentenció.
En respuesta a los diputados que propusieron e impulsan esta iniciativa, Marilyn pidió que revisen la Constitución y que se instruyan en materia judicial, ya que ninguno de ellos es experto en derecho. Los llamó a hacer un análisis de lo que sucede en otros países, pues este tipo de derechos no solo existen en México respaldados por la Carta Magna, sino que también los hay en otras partes del mundo.
Para ella, estas acciones son parte de una venganza que se ha planteado desde el Ejecutivo y que es secundada por el Legislativo, y es por eso que este tipo de manifestaciones cobran más relevancia, ya que es importante que la gente sea consciente de su poder sobre los tres que nos gobiernan.
“¡El Poder Judicial no se va a quedar callado y vamos a seguir haciendo todas las marchas que sean necesarias!”, finalizó.
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