En abril de este año se presentó una de las reformas laborales que más han causado expectativas entre los mexicanos, ya que podría ser un avance para trabajar menos: la reforma laboral de 40 horas semanales. Esta consiste, básicamente, en reducir las jornadas de trabajo de 48 a 40 horas semanales, lo que ha causado diferentes reacciones, tanto del sector obrero que la pide urgentemente, como de las cámaras empresariales que se oponen a ella.
La iniciativa de ley fue presentada por la senadora Patricia Mercado Castro a nombre del partido Movimiento Ciudadano (MC), con la que se busca modificar el artículo 123 de la Constitución Política de México, en el que se establece que las jornadas serán de 48 horas semanales. Patricia Mercado también fue la encargada de proponer la reforma en materia de vacaciones dignas con la que se consiguió pasar de seis a 12 días de descanso al año.
La modificación haría que esto cambie con dos días de descanso semanales y de efecto inmediato, es decir, en caso de una hipotética aprobación, se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entraría en vigor al día siguiente. Esto no sucedió igual con la reforma de vacaciones dignas, ya que se aprobó a finales del 2022 y su aplicación se dio hasta el 2023.
Casi de inmediato a su presentación, el dictamen fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados con 25 votos a favor, cero en contra y cinco abstenciones del grupo parlamentario del PAN; sin embargo, justo antes de que pudiera pasar al pleno a discusión, el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velazco, afirmó que no sería hasta septiembre, en el nuevo periodo legislativo, que se retomarían las discusiones.
Pasado un mes de eso, ¿cómo va la reforma?
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El periodo legislativo que se vive actualmente inició a principios de septiembre y se termina el próximo 15 de diciembre, lapso en el cual los diputados deben llevar a cabo las discusiones y mesas de diálogo pertinentes para sacar la reforma. Para esto, el pasado 3 de octubre la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se dispuso a establecer un Parlamento Abierto con el fin de entablar conversaciones con todos los sectores.
La primera ronda de discusiones se prevé para el próximo 16 de octubre y se harán todos los lunes, finalizando el 21 de noviembre, cuando se presentarán los resultados de las mesas de diálogo. Para llevar a cabo dicho parlamento, dentro del Congreso se ha instaurado una mesa de trabajo integrada por diputados de todas las bancadas.
Será este grupo plural el que se encargue de llevar a cabo los acuerdos y modificaciones pertinentes a efectuar en el dictamen. La idea es que una vez que este puñado de legisladores tenga una propuesta aprobada por consenso, se procederá a llevarla al pleno de la Cámara de Diputados para la discusión, votación e hipotética aprobación o rechazo.
Al tratarse de una reforma constitucional, se requiere la aprobación de la mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los diputados. El Congreso está compuesto por 500 legisladores, por lo que el mínimo para reducir la jornada a 40 horas sería de 334 votos a favor. Actualmente, ningún grupo parlamentario cuenta con la mayoría calificada, ni siquiera con sus respectivas alianzas, por lo que tendrán que recurrir al cabildeo.
Voces en contra
Al tratarse de una reforma tan polémica, naturalmente han surgido grupos que están a favor pidiendo su aprobación inmediata, pero al mismo tiempo hay quienes se oponen a que esta modificación avance, principalmente cámaras empresariales y patronales.
Uno de los primeros grupos en mostrar su inconformidad fue la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), pues a través de su presidente nacional, Francisco Javier Ruiz López, publicó un artículo en mayo en el que aludía a que las jornadas laborales cortas eran "una falacia". El líder sindical afirmó que la propuesta se presentó sin consultar a expertos y sin considerar las afectaciones a las pequeñas y medianas empresas, en áreas como la productividad y los costos de producción.
De igual forma, el sindicato patronal ha advertido que esta nueva medida implicaría un aumento del 40 % en los costos de nómina para las empresas. En el 2022, la Coparmex también se oponía a la reforma para el aumento de vacaciones y proponían que el aumento fuera gradual, siendo el primer año, el 2023, de nueve días, de descanso y hasta el 2024 se llegara a los 12 días.
Lo mismo sucedió con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, quien externó su molestia alegando que en los últimos años se han dado otras reformas en beneficio de los trabajadores como la de vacaciones, además de los aumentos al salario mínimo.
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