La búsqueda de justicia, un riesgo para los activistas en México

La activista María Elena Ríos denunció haber sido víctima de un atentado el pasado fin de semana en el estado de Oaxaca, una situación que lamentablemente se ha vuelto común no solo para ella, sino para otros defensores de derechos humanos y activistas que incluso han entregado su vida en la búsqueda de justicia.

Respecto al caso de la saxofonista oaxaqueña, fue a través de un comunicado en sus redes sociales emitido el pasado 17 de septiembre que se denunció el atentado perpetrado por sujetos que viajaban a bordo de un vehículo y que después de seguirla hicieron varios disparos.

La activista que es reconocida por impulsar la Ley Ácida, que busca penalizar como intento de feminicidio que una mujer sea atacada con sustancias corrosivas, manifestó no haber sido lesionada, pero reprochó no recibir apoyo por parte de la Policía Estatal.

Como se enunció previamente, el caso de María Elena Ríos no es el único de este tipo, por lo que a continuación hacemos un breve recuento sobre aquellos activistas que incluso han perdido la vida en la búsqueda de justicia.

 Marisela Escobedo

Uno de los casos más icónicos y representativos de la lucha social es el caso de Marisela Escobedo, que durante años buscó que se hiciera justicia por el homicidio de su hija de 16 años, asesinada en Ciudad Juárez por su pareja sentimental.

Tras el feminicidio de su hija ocurrido en agosto de 2008, Marisela Escobedo encabezó una fuerte búsqueda para detener al responsable, posteriormente para exigir que se impusiera la pena correspondiente por el delito.

Y aunque consiguió encontrar el lugar donde habían enterrado su hija y que el presunto responsable fuera detenido por las autoridades, la Fiscalía de Chihuahua no logró comprobar el delito y terminó liberando a Sergio Rafael Barraza.

La activista decidió protestar todos los días frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, hasta que el 16 de diciembre de 2010, cuando se disponía a retirarse de este sitio, un sujeto le disparó a quemarropa para después darse a la fuga a bordo de un automóvil.

A pesar de que Marisela fue silenciada, dos años después se daría a conocer el feminicida de su hija había sido abatido durante un enfrentamiento entre militares y miembros del grupo del crimen organizado Los Zetas, al cual él se había unido. 

Cecilia Monzón

Aunque tiene una connotación diferente a lo ocurrido con Marisela Escobedo, el asesinato de Cecilia Monzón fue condenado por múltiples sectores ya que la abogada era considerada una activista a favor de los derechos de las mujeres.

Fue el 21 de mayo de 2022 cuando Cecilia Monzón fue ejecutada mientras viajaba a bordo de su vehículo en calles del municipio de San Pedro Cholula, siendo un responsable el sobrino de su ex pareja sentimental, Javier L.

El autor material habría sido contratado junto con otro sujeto para cometer el crimen planeado por Javier, con quien Cecilia había tenido una relación sentimental y un hijo en común, por el cual ella llevaba años peleando en un juicio de alimentos. 

Cecilia Monzón era reconocida como una activista debido a su interés por apoyar a las mujeres juicios de patria potestad y pensión alimenticia; sin embargo, a su muerte se creó una ley que recibió su apellido en honor a su memoria.

La Ley Monzón consiste en evitar que los padres que hayan sido acusados de feminicidio pueden acceder a la patria potestad de sus hijos, situación que se extiende el resto de su familia, permitiendo que la familia de la víctima sea quien resguarde a los menores.

Ana Luisa Garduño

Otro caso de este tipo fue el ocurrido en enero del 2022 cuando la activista y defensora de los derechos de las víctimas, Ana Luisa Garduño Juárez, fue asesinada en su negocio ubicado en el municipio de Temixco, Morelos.

Ana Luisa, como ocurrió con Marisela Escobedo, se volvió abogada el tiempo en que buscaba justicia por el feminicidio de su hija de 17 años, ocurrido en 2012. Tras conseguir su título como abogada se encargó de apoyar a víctimas que, como ella, habían atravesado por situaciones injustas y deseaban acceder a la justicia.

Su asesinato fue perpetrado por un comando armado que llegó hasta su negocio ubicado en inmediaciones de la presidencia municipal de Temixco.