¿Cuándo se es pobre en México y cuándo no?

De acuerdo con la última medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Puebla es la cuarta entidad con mayor porcentaje de población en pobreza con un 54 %, superado únicamente por Chiapas con el 67.4 %; Guerrero con 60.4 % y Oaxaca con 58.4 %. Estos estados tienen más de la mitad de sus pobladores con carencias, pero ¿a quiénes se les considera pobres? 

La pobreza es un fenómeno complejo y multidimensional, así que no hay una única forma de definir quiénes son pobres, sino que depende de los criterios y los métodos que se utilicen para medir la pobreza. 

Por ejemplo, uno de los métodos más populares es el monetario. Este método se basa en el ingreso o el gasto de las personas o los hogares, y compara si estos son suficientes para cubrir el costo de una canasta básica de consumo, que incluye alimentos y otros bienes y servicios esenciales. 

Según este método, una persona es considerada pobre si su ingreso o gasto está por debajo de la línea de pobreza, que se define como el valor monetario de la canasta básica. Esta fórmula es empleada en el Perú, donde la línea de pobreza para el año 2020 fue de 378 soles mensuales por habitante. 

Pero también existen subgrupos, pues dentro de los pobres, se distingue entre pobres extremos y pobres no extremos, todo depende de si su ingreso o gasto es menor o mayor que el valor monetario de la canasta básica alimentaria, que solo incluye alimentos. Hasta hace tres años, la línea de pobreza extrema en Perú para era de 168 soles mensuales por habitante.  

La pobreza en México se calcula de manera multidimensional, es decir, considerando no solo el ingreso o el gasto de las personas, sino también otras dimensiones del bienestar, como la educación, la salud, la vivienda, el trabajo y la alimentación. 

Para medir la pobreza, se utiliza una metodología que fue aprobada por el Congreso de la Unión en 2009 y la medición está a cargo del Coneval. Dicho instrumento consiste en comparar el ingreso de las personas con el valor de una canasta básica de consumo, que incluye alimentos y otros bienes y servicios esenciales. Si el ingreso es menor que el valor de la canasta, se considera que la persona tiene pobreza por ingresos.  

Además, se evalúan seis indicadores que reflejan las carencias o privaciones que sufren las personas en distintas dimensiones del bienestar: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. Si una persona presenta al menos una carencia en alguno de estos indicadores, se considera que tiene pobreza por carencias sociales. 

Una vez obtenidas estas mediciones, la población se suele clasificar en cuatro grupos: no pobres y no vulnerables, vulnerables por carencias sociales, vulnerables por ingresos y pobres. Dentro de los pobres, se distingue entre pobres moderados y pobres extremos, según el número de carencias sociales y el nivel de ingreso que tengan. Los pobres extremos son aquellas personas que tienen al menos tres carencias sociales y un ingreso inferior al valor de la canasta básica alimentaria. 

Es importante mencionar que los datos necesarios para efectuar esta medición son obtenidos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), que levanta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) cada dos años. El CONEVAL procesa, valida y analiza los datos de la encuesta y publica los resultados de la medición de pobreza a nivel nacional y por entidad federativa.  

Estos métodos tienen ventajas y desventajas, y pueden arrojar resultados diferentes sobre quiénes son pobres y cuántos pobres hay en un país o una región. Por eso, es importante complementarlos con otros enfoques, ya que la pobreza no solo tiene que ver con el dinero o las carencias materiales, sino también con la falta de oportunidades, derechos, libertades y dignidad. 

En América Latina se ha propuesto el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) regional, que considera cinco dimensiones (educación del hogar, educación escolar, acceso a servicios básicos en la vivienda, condiciones habitacionales y empleo) y 15 indicadores.