Hoy, el Instituto Nacional Electoral (INE) en Puebla presentó la Agenda de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, con la que se pretende que se construyan políticas públicas tomando en consideración la opinión de los más jóvenes del país. Aunque la primicia suene bien intencionada, no siempre se toma en cuenta la opinión de los sectores juveniles al momento de hacer política.
En la agenda revelada, se habló de los compromisos que hicieron diferentes dependencias de gobierno, asociaciones civiles y partidos políticos para el beneficio y cuidado del medioambiente y la promoción de los derechos humanos; no obstante, más allá de los compromisos que se hagan, en los hechos, estos deseos no siempre se cumplen.
Además del INE, otras instituciones como la UNESCO, el gobierno federal y los estatales también hacen este tipo de ejercicios para escuchar las voces de las niñas, niños y adolescentes. ¿Para qué sirven estas consultas? ¿Realmente tienen impacto y son tomadas en cuenta?
El INE argumenta que el objetivo de la Consulta Infantil y Juvenil (CIJ) es que cada menor de edad tenga un espacio donde pueda ser escuchado con libertad, pero sobre todo donde puedan ejercer sus derechos y participar activamente en la sociedad. Con estas se pretende que los jóvenes hagan llegar a las autoridades sus preocupaciones más inmediatas para que se actúe sobre estas.
Con estos ejercicios se dejan atrás ideas arcaicas en las que se creía que los más jóvenes no son capaces de aportar a su entorno. Las consultas también abordan diferentes tópicos que “ayudan” a que los jóvenes estén más enterados de las problemáticas sociales. Por ejemplo, la del 2021 habló de cuidado del medioambiente y derechos humanos, la del 2018 se enfocó en igualdad de género y no discriminación, la correspondiente al 2015 estuvo centrada en justicia y paz.
Contrario a lo que algunas personas pudieran pensar, las consultas sí han servido para su objetivo, que es la construcción de políticas públicas con perspectiva juvenil y que realmente beneficie al sector de la población para el que fueron diseñadas.
Un caso de esto es la del 2015, que sirvió para la elaboración del Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) S-217, cuyo objetivo fue eliminar todo tipo de discriminación dentro de las escuelas. Gracias a los datos obtenidos en la CIJ, respecto al número de estudiantes que afirman haber sido víctimas de algún tipo de violencia, se desarrolló un plan para prevenir y atender los abusos en las escuelas.
Otro momento en el que la CIJ resultó de utilidad fue en la creación de la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente (ENAPEA), pues ahí también identificaron las necesidades y problemas por las que las menores de edad terminan con un embarazo no deseado.
Derivado de esta acción se implementaron estrategias de difusión de información reproductiva, y se enseñó sobre métodos anticonceptivos para adolescentes.
Si bien no todos los ejercicios de esta naturaleza son aprovechados como se debería, en muchos casos sí son importantes para que se hagan estrategias con una mirada diferente a la de los adultos que toman las decisiones.
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