En los últimos años El Salvador ha vivido una transformación total de la mano de su polémico presidente, Nayib Bukele. Él instauró una controvertida estrategia de seguridad que hoy en día le da resultados y despierta debate en torno a su aplicación en otros países, incluido México, donde la seguridad es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.
Recientemente Colombia y Perú, dos países de la Alianza del Pacífico de la que México forma parte, plantearon la posibilidad de implementar la misma línea en materia de combate al crimen. El gobierno de Bukele, que llegó en 2019 al país centroamericano, hoy es criticado por violaciones a los derechos humanos, pero también es aplaudido por muchos debido a su efectividad.
El pasado 11 de mayo, el mandatario salvadoreño aseguró que la nación cumplía un año seguido sin que se registraran homicidios, por lo que aseguró que El Salvador era el país “más seguro de Latinoamérica”. Por otra parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha criticado esta estrategia y se rehúsa a adoptarla.
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El plan de Bukele se basa en tres puntos clave: debilitar las finanzas de las pandillas cortando todo su flujo de dinero y atacando a quienes los financian, controlar los territorios donde dominaban las pandillas para terminar con sus negocios, y el último es encerrar a los pandilleros en prisiones de máxima seguridad y mantenerlos incomunicados para evitar que sigan dando órdenes al exterior.
Sin embargo, antes también se dieron arrestos y juicios masivos en los que se permitía celebrar audiencias hasta a 900 presos. El 27 de marzo del 202,2 el mandatario declaró estado de excepción en El Salvador, es decir, la alteración de algunos aspectos constitucionales de la vida pública y política del país, con lo que se permitieron los múltiples arrestos sin órdenes judiciales, la mayoría de ellos arbitrarios y sin respeto al debido proceso y violando la presunción de inocencia.
Desde entonces, el estado de excepción ha sido renovado en varias ocasiones y actualmente sigue vigente, a pesar de las acusaciones por violaciones a derechos humanos. Amnistía Internacional asegura que desde entonces se han arrestado a más de 66,000 personas, se ha cometido tortura, hubo desapariciones forzadas y al menos 132 personas murieron bajo custodia del estado.
Dicho lo anterior, ¿algo de esto daría resultados en nuestro país? En el área de las finanzas, en El Salvador se usó la estrategia de atacar, no solo los negocios de las pandillas, como la extorsión, sino que se puso como objetivo frenar a las empresas que blanqueaban su dinero.
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En agosto de este año, la agencia de noticias Reuters, dio a conocer que el cártel de Sinaloa lava el dinero que obtienen por la venta de drogas a través del envío de remesas desde Estados Unidos. De ahí que resulta más complicado coartar los fondos del crimen organizado, ya que provienen del extranjero y de otras formas como las criptomonedas, algo que advirtió la ONU en 2022.
Respecto a la recuperación de territorios, eso podría resultar más complicado en México, porque como ya se ha visto en otros momentos, los enfrentamientos directos entre los cárteles de la droga y las fuerzas armadas solo dejan derramamiento de sangre y generan más violencia a posteriori.
Expertos han señalado que la militarización de la seguridad pública sólo culmina en más olas de violencia, violaciones a los derechos humanos y corrupción por parte de las autoridades. En cambio, se debe apostar por el fortalecimiento del estado de derecho, la prevención de los delitos y la recuperación del tejido social.
Esto se vio en 2019, cuando el ejército mexicano arrestó a Ovidio “el Ratón” Guzmán, hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán. Esa tarde, exigiendo la liberación del capo de la droga, el cártel de Sinaloa tomó como rehén a la ciudad completa de Culiacán, por lo que el ejército tuvo que liberarlo para que, al menos en ese momento, no cumplieran con sus amenazas de matar civiles. Esto se volvió a vivir a inicios de este año con su segunda detención, aunque en esta ocasión fue exitosa.
A esto se suma que, en los enfrentamientos directos, los cárteles están ampliamente armados con arsenales que incluyen granadas propulsadas por cohetes, fusiles de asalto AK47 y R15, pistolas nueve milímetros y vehículos blindados, equipo antibalas, armas que destruyen el blindaje militar y explosivos de manufactura “artesanal”, lo que los hace más peligrosos que las pandillas salvadoreñas.
Lo más efectivo que se podría copiar al modelo de Bukele sería controlar a los prisioneros que antes lideraban las organizaciones criminales, pues se ha sabido que los grandes capos siguen dando órdenes incluso desde la cárcel. Asimismo, se han dado a conocer casos en los que las prisiones son centros de operación de los delincuentes, como “el Pueblito” que se descubrió en el Cereso de San Miguel, en Puebla, donde había hasta departamentos y gimnasios.
Finalmente, el estado de excepción con el que Nayib Bukele logró instaurar sus políticas es un claro atentado contra la democracia, ya que se sobrepuso al resto de poderes de El Salvador. Esto le valió para ser considerado un presidente autoritario, a lo que él respondió haciéndose llamar “el dictador más cool del mundo mundial”.
