Corrupción y fraude: así operan las “empresas fantasma” en México

En los últimos años, los grandes escándalos de corrupción en México han develado una situación alarmante: la proliferación de empresas fantasma, un sistema que ha permitido a funcionarios públicos desviar recursos del erario y evadir la ley, volviéndose el vehículo perfecto para el enriquecimiento ilícito.  

Las empresas fantasma son sociedades utilizadas para simular operaciones empresariales y transacciones legítimas, pero que carecen de la capacidad real para proveer los servicios o productos que ofrecen. Su objetivo principal, es evadir la ley y ocultar el desvío de recursos en beneficio propio.  

La estrategia que utilizan es hábil y meticulosa, pues estas entidades, en su mayoría, carecen de empleados e infraestructura. No obstante, cuentan con todos los documentos en “regla”, desde actas constitutivas hasta registros fiscales y sellos para emitir facturas. Este último punto es crucial, ya que permite a las instituciones públicas simular gastos en proyectos de construcción, adquisición de insumos y otros servicios, canalizando fondos hacia los bolsillos equivocados. 

En el ámbito público, estas empresas se han usado para enmascarar el desvío de fondos destinados al bienestar de los mexicanos, beneficiando únicamente a un grupo de personas, normalmente de esferas políticas. Para llevar a cabo este esquema, como se mencionó anteriormente, las empresas fantasma operan como organizaciones aparentemente legales, con registros oficiales en instancias gubernamentales, como el Servicio de Administración Tributaria.  

El modus operandi se vuelve aún más complejo al descubrir que estas empresas actúan en redes con otras entidades ficticias, creando una telaraña difícil de desenmarañar. Aunque detectar una empresa fantasma puede ser desafiante, existen características distintivas que pueden ser identificadas.  

Generalmente, estas compañías son de reciente creación, carecen de trayectoria comprobable en el mercado y tienen poca o nula capacidad para prestar los servicios que ofrecen. Además, sus accionistas suelen ser prestanombres. 

Los prestanombres son individuos que aceptan asumir la responsabilidad legal y financiera de las empresas fantasma. Estos actores juegan un papel crucial en la operación de estas entidades, siendo utilizados como escudo para proteger a los verdaderos beneficiarios.  

Sin embargo, al hacerlo, exponen sus propias vidas a riesgos legales y económicos. En este último punto, es necesario destacar que cualquier ciudadano, de manera intencional o no, puede caer en las garras de estas entidades conocidas como "empresas fachada".  

Pues a menudo, los prestanombres son personas con escasos recursos, domicilios en zonas marginales y empleos informales. Estos individuos, que pueden haber sido beneficiarios de programas sociales, se ven arrastrados por promesas de dinero fácil y rápido, sin entender las consecuencias a largo plazo. 

Un claro ejemplo se develó el mes pasado, cuando una investigación periodística exhibió al senador morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez, de ser “arrendatario” de un penthouse con un valor de 22 millones de pesos, ubicado en la Ciudad de México. La empresa que adquirió el inmueble es Atlaniconstrucciones SA de CV, quien tiene por representante legal a Julio Hernández Domínguez, un campesino con domicilio fiscal en la localidad de Ejido Nuevo Chapultepec, en el municipio de La Trinitaria, Chiapas. 

La Estafa Maestra fue otra investigación que esclareció un sistema de 128 empresas fantasma para desviar 7,670 millones de pesos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. El caso implicó a un total de 11 dependencias de gobierno que efectuaron convenios con ocho universidades públicas para hacer supuestos servicios que nunca se efectuaron. 

La proliferación de empresas fantasma en México es un problema que va más allá de los titulares de noticias. Detrás de cada empresa falsa se esconden personas reales, ciudadanos con nombres y apellidos, que merecen ser investigados y enjuiciados por las autoridades correspondientes. Estas prácticas perjudican la confianza en las instituciones y afectan directamente a la sociedad.