A pesar de que se han dado críticas de un lado y de otro, el Instituto Nacional Electoral ha establecido un tope de presupuesto para las campañas de los aspirantes a la presidencia, tanto de Morena y aliados como del Frente Amplio por México. La autoridad electoral, en acatamiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), emitió las reglas por unanimidad.
Los límites permitidos tienen como finalidad regular y fiscalizar los procesos internos, así como las actividades y la propaganda que se hace en los institutos políticos que ya están definiendo a sus candidatos para la presidencia en 2024. Los partidos oficialistas y de oposición podrán fincar como máximo, un gasto de 34’370,666 pesos por cada persona.
El INE, a través de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), se encargará de fiscalizar a los partidos políticos y los gastos efectuados por los participantes, así como los aportes que hagan otras personas. La UTF se hará presente en los actos a fin de determinar que sí se lleven a cabo y no se usen como fachada para otros fines.
Ahora bien, esto significa que por parte de la izquierda, entre los seis participantes que quieren llegar a los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación podrían gastar hasta 206’223,996 pesos, casi siete veces más de lo que asignaron inicialmente desde el partido, 5 millones. Por otro lado, para la selección del responsable del Frente Amplio se podrían desembolsar 412’447,992 pesos, toda vez que con ellos hay 12 interesados.
Para algunos, estas podrían ser cifras exageradas, ya que no hay ninguna garantía de que se obtenga la candidatura, incluso si se gastan los casi 35 millones de pesos. De igual forma, no es clara la forma en que se obtiene este dinero ni cuántas “aportaciones” se pueden recibir de los simpatizantes, ya sea en dinero o con “otras herramientas”.
Los lineamientos aclaran que máximo se pueden recibir hasta 537,041 pesos de simpatizantes u otros militantes, no sólo dinero, sino otros medios de difusión que no sean radio y televisión. Con esto se ponen en discusión los gastos que se dan por los espectaculares y bardas que, supuestamente, son voluntarias y no pagadas por los políticos que se anuncian en ellas. Además, también se tomarán en cuenta los recursos que sean propios, mientras que estos no excedan los 2’148,166 pesos.
La fiscalización inicia desde que ambos bandos dieron parte a sus contiendas: Morena a partir del 19 de junio y de la oposición luego de que se anunció quienes pasaron a la segunda fase, el 13 de julio.
Sobre el dinero que asignarán los partidos a sus “corcholatas”, este se obtiene del financiamiento público que les asigna el INE cada año para gastos de operación. El año pasado para el ejercicio del 2023 se repartieron 6,233’510,798 pesos entre los partidos.
Morena fue el más beneficiado, ya que se le entregaron 1,837 millones de pesos; en segundo lugar está el PAN con 1,101 millones de pesos; en tercer puesto el PRI con presupuesto de 1,079 millones de pesos. Los otros que sí están llevando a cabo proceso de selección son el Partido Verde con 507 millones de pesos, PRD con 424 millones, y PT con 405 millones de pesos.
En teoría, dichas cantidades se destinan a sus actividades ordinarias permanentes, actividades específicas, franquicia postal y franquicia telegráfica, por lo que en el contexto actual se destinará a un ya adelantado proceso electoral.
El 2 de octubre los partidos entregarán los informes de gastos al INE, luego el órgano electoral dará oportunidad de aclarar errores y vacíos, teniendo como límite para hacer correcciones el 27 de noviembre. Será el 15 de diciembre cuando el consejo general emita su postura final y ahí se sabrá quiénes cumplieron o quiénes se excedieron.
