Sin el GIEI, el caso Ayotzinapa seguirá empantanado

En 2014, México y el mundo fueron testigos de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Luego de los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, se emitieron diferentes posturas y en 2015 se creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Ayotzinapa, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En ocho años, el GIEI Ayotzinapa se dedicó a buscar de manera autónoma la verdad de lo que pasó en la llamada "Noche de Iguala", así como a brindar asesoría técnica desde una perspectiva de derechos humanos. Ayer, 25 de julio, emitieron su sexto y último informe, en el que señala obstáculos y encubrimiento por parte del estado mexicano y de las fuerzas armadas.

Sin embargo, a lo largo de estos años, tanto el GIEI como la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa, instancia del gobierno, determinaron múltiples personajes importantes para entender la desaparición de los 43 normalistas. Políticos de alto rango, crimen organizado, mandos policiales e integrantes de las fuerzas armadas son parte de los involucrados en este crimen de estado.

Jesús Murillo Karam

De la parte que buscaba aclarar el caso está Jesús Murillo Karam, quien fue Procurador General de la República durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. A él se le atribuye la construcción de la “Verdad Histórica”, la versión que dio el gobierno priista el 28 de enero del 2015, en la que Karam sentenció que los normalistas fueron entregados a un grupo del crimen organizado que terminó por asesinarlos, incineraron sus cuerpos y arrojaron los restos al Río San Juan.

Naturalmente, esta explicación de los hechos no satisfizo a muchos, por lo que indagatorias posteriores descartaron dicha versión en 2020. En agosto de 2022, fue detenido por los cargos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia, pues su “verdad histórica” no sirvió más que para encubrir a otros implicados en el caso y negar la verdad a los familiares de los normalistas.

Tomás Zerón

Tomás Zerón de Lucio fue el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) durante el sexenio de Peña y fue, junto con Murillo Karam, otro constructor de la Verdad Histórica, pues al término del mandato del priista se descubrió que hizo las pesquisas de Ayotzinapa con base en torturas y desapariciones forzadas.

Zerón es investigado y tiene órdenes de captura en México por el caso, al igual que ficha roja de la Interpol, pero se autoexilió en Israel y no ha sido capturado. Su complicidad ayudó a que se ocultara la presencia de militares o policías en la desaparición de los normalistas.

Enrique Peña Nieto

Naturalmente, luego de que sucedieran múltiples omisiones y encubrimientos en un caso de tal magnitud, el entonces presidente Enrique Peña Nieto fue señalado por permitir dichos actos. Sus primeras declaraciones fueron un llamado a la gente a dejar el caso en manos de las autoridades y continuar con normalidad, algo que no cayó bien entre la población guerrerense. A esto se suma que solo se reunió en dos ocasiones con los familiares, pues en aquel momento era criticado en todas partes por el caso.

José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda

Otros personajes a los que se fincaron responsabilidades son José Luis Abarca Velázquez, el entonces presidente municipal de Iguala, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa. A él se le asoció con el grupo delictivo Guerreros Unidos, los presuntos autores materiales de la desaparición de los 43, una célula que dominaba gran parte del territorio que gobernó Abarca.

Una hipótesis es que los estudiantes se dirigían a Iguala, supuestamente, a sabotear un evento de Pineda Villa, por lo que dieron la orden de interceptar los autobuses y secuestrar a los estudiantes. En 2014, la pareja fue detenida, aunque el año pasado Abarca fue absuelto por el delito de secuestro y desaparición forzada. Sigue en prisión cumpliendo una sentencia de 92 años por el asesinato de tres activistas en 2013, pero no pagará por los delitos de los 43.

Felipe Flores Velázquez

Al haber colusión de los cuerpos de policía, es claro que uno de los altos mandos estaría al tanto de los hechos y ese era Felipe Flores Velázquez, director de la Policía Municipal de Iguala en 2014. Primo de José Luis Abarca, en su momento fue el hombre más buscado por la desaparición de los estudiantes; acusado de homicidio en grado de tentativa, actualmente está vinculado por ese delito.

José Rodríguez Pérez

Por parte de los militares está José Rodríguez Pérez, quien fue señalado por el subsecretario de Derechos Humanos y encargado de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, por participar en la desaparición de los normalistas. Las acusaciones por asociación delictiva se dieron en agosto del 2022 en el informe más reciente de Encinas.

¿Por qué no se ha resuelto el caso?

En dos meses se cumplen nueve años del crimen y, a pesar de los múltiples esfuerzos, la verdad está lejos de salir a la luz, tomando en cuenta la disolución del GIEI. Este grupo dijo en sus últimas declaraciones cuál era una de las principales causas de que no se esclarezca el problema.

Carlos Beristain y Ángela Buitrago, los últimos integrantes del GIEI Ayotzinapa, afirmaron que "es imposible" seguir trabajando de esta manera, pues no se permitía el acceso a documentación clave para el esclarecimiento. ¿La razón? La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) no tenía intenciones de cooperar y ser transparente, presuntamente para no afectar a personas de la corporación.

Con todo y la obstaculización desde la federación y las fuerzas armadas, sus logros más destacados son que ayudaron a borrar versiones revictimizantes, como aquellas en las que se culpaba a los estudiantes de estar aliado a otros grupos del crimen organizado.

En contraste, concretaron la complicidad de mandos del ejército y la policía guerrerense en los delitos de secuestro y desaparición forzada junto a un grupo del crimen organizado.

Esto es algo a lo que también se ha tenido que enfrentar Alejandro Encinas, quien se ha ganado el descontento de la SEDENA porque también expuso, de manera clara, la participación de algunos de sus integrantes en la desaparición de los estudiantes.

Lo anterior y las múltiples liberaciones de los detenidos o el rechazo de la cooperación internacional para dar con más responsables han provocado que, a casi nueve años, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa continúe impune. Ahora, sin el GIEI no queda muchos grupos verdaderamente autónomos que se empeñen en sacar a la luz la verdad.