El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI – CIDH) que investigó la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural de magisterio Ayotzinapa, en Guerrero (sur), señaló en su informe final que el Estado mexicano, incluida las Fuerzas Armadas, ocultó información sobre el crimen.
"Las pruebas muestran que distintas autoridades saben lo que sucedió o tienen información relevante que no ha sido proporcionada, tal vez pensando que van a poner en la cuerda floja a algunos de sus hombres que pudieron haber participado", reza el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que redujo su composición de cinco a dos integrantes en su fase final.
Carlos Beristain y Ángela Buitrago entregaron su último informe, sin lograr esclarecer el paradero final y la suerte de los 43 alumnos, de los cuales solo fueron identificados los restos de tres con pruebas genéticas en restos óseos.
Las víctimas viajaban en cinco autobuses la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando fueron atacados a balazos por patrullas policiacas de cinco municipios en la ciudad de Iguala, Guerrero.
La principal conclusión apunta a que el operativo fue conocido por "altas instancias del Estado como parte del crimen organizado", que participó en la desaparición de los estudiantes.
Por ejemplo, la Marina Armada "realizó un operativo de inteligencia de carácter reservado" desde el día siguiente al ataque a los estudiantes del que nunca informó y que llevó a cabo detenciones y torturas "con resultado de muerte de algunos detenidos y sin que se conozca el destino y paradero de otros", señala el documento.
El informe se basa en un extenso expediente procedente de un análisis de 500 llamadas telefónicas, documentos, fotografías, videos, declaraciones y entrevistas a testigos.
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