Estas son las mujeres cuyas tragedias han inspirado leyes

Estas son las mujeres cuyas tragedias han inspirado leyes

Foto: FreePik

Aunque en México son miles de mujeres víctimas de violencia cada año, hay algunas historias cuyas protagonistas han servido de inspiración para crear leyes que protegen derechos o intereses específicos de las mujeres a nivel nacional o en cada uno de los estados. 

  

Los casos son múltiples, pero algunos de ellos han sido icónicos y han servido de inspiración para la creación o modificación de leyes que rápidamente han sido replicadas por varios estados de la República, demostrando su importancia. 

  

Ley Olimpia 

  

Una de las pioneras en usar su experiencia personal para impulsar modificaciones legislativas es sin duda la activista Olimpia Coral Melo, quien actualmente es considerada una de las mujeres más influyentes por su empeño en tipificar y castigar la violencia digital. 

  

La activista originaria de Puebla fue víctima de la difusión de material íntimo, sin su consentimiento cuando tenía 18 años, por lo que después de un proceso de depresión salió adelante para impulsar reformas que permitieran tipificar este tipo de delitos. 

 

 

Fue así que en 2018 se logró aplicar en Puebla un grupo de reformas legislativas que permiten tipificar y castigar la violencia digital y que actualmente ya está vigente en 29 estados de la República. 

  

Ley Malena 

  

La saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos es otra de estas historias de violencia contra las mujeres que ha servido para impulsar reformas legislativas, como fue el caso de la llamada Ley Malena que fue promovida por la diputada poblana Aurora Sierra. 

  

Esta legislación permite que las agresiones con ácido o sustancias corrosivas, acción conocida como violencia ácida, ahora pueda ser tipificada como tentativa de feminicidio, por lo que el responsable podría recibir penas que van de los 20 a los 40 años de prisión. 

 

 

María Elena Ríos fue agredida de esta manera por sujetos contratados por su ex pareja sentimental, el exdiputado Juan Vera Carrizal, quien hasta el momento no ha recibido una sentencia a pesar de que ha sido acreditado que él fue autor intelectual del delito. 

  

Ley Monzón 

  

Otro caso en el que Puebla ha sido la caja de resonancia es la llamada Ley Monzón, que recibe el nombre por la activista Cecilia Monzón Pérez, quien fue asesinada en 2022 por órdenes de su ex pareja sentimental, Javier López Zavala. 

  

La Ley Monzón fue presentada un mes después del asesinato de la activista, pero no fue sino hasta marzo de este año cuando finalmente se aprobó la legislación enfocada en la tutela de los hijos en caso de feminicidio

 

 

El conjunto de reformas aprobadas permite, entre otras cosas, retirar la patria potestad, tutela y convivencia con los hijos a aquellos padres sentenciados o vinculados a proceso por feminicidio, situación por la que en su momento tuvo que atravesar el hijo de la activista. 

  

Ley Ingrid 

  

La historia de Ingrid Escamilla, una mujer poblana asesinada en 2020 en la Ciudad de México, también sirvió para la creación de una ley que lleva su nombre para honrar su memoria, luego de que fue objeto de una revictimización por la difusión de imágenes de su cadáver. 

  

La Ley Ingrid sanciona la divulgación masiva de imágenes filtradas por policías o autoridades que intervienen en la investigación de un delito, con la finalidad de evitar la exposición de las víctimas ante los medios de comunicación y las redes sociales. 

 

 

Esta ley hasta el momento ha sido replicada en Oaxaca y Colima, aunque ha provocado una importante discusión a nivel nacional sobre los derechos de las víctimas al momento de publicar información en casos de feminicidio u homicidio. 

  

Ley Matilde 

  

Otro caso que también ha llamado mucho la atención es el de Matilde Gil, madre de la diputada federal Lilia Aguilar, quien fue víctima de feminicidio, pero por errores u omisiones su asesinato no fue investigado. 

  

La diputada federal presentó la iniciativa y la nombró así en memoria de su madre, por lo que busca responsabilizar a las autoridades ministeriales por las omisiones cometidas durante la investigación de algún feminicidio, con el fin de reducir la brecha de impunidad

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