El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) Gilberto Higuera Bernal informó que ya se están haciendo las investigaciones correspondientes sobre los recientes casos de crueldad animal que se han dado en Puebla. No obstante, subrayó que al tratarse de menores de edad quienes llevaron a cabo estos actos, las sanciones no serán tan estrictas como la sociedad demanda.
La semana pasada se dio a conocer el caso de la adolescente del municipio de Huauchinango que adoptaba perros con el fin de torturarlos, sumado a otro caso en que un menor abusaba sexualmente de una perra en Atlixco. Referente a esto, el fiscal Gilberto Higuera aseguró que la dependencia a su cargo ya está trabajando en el asunto.
Señaló que el maltrato animal es un asunto delicado, especialmente porque los cometieron menores de edad. Si bien, la ley lo tiene contemplado con sanciones de seis meses a cuatro años de prisión, en este contexto es diferente, a pesar de que la sociedad exige más severidad contra los maltratadores. La Ley General de Justicia para Adolescentes establece que se debe cuidar el interés superior de los menores y se evitar ponerlos en riesgo.
De acuerdo con datos de la Fiscalía, en lo que va del año, a corte del 1 de junio, se han registrado 79 hechos de maltrato animal en el estado, que incluyen abandono, lesiones, ahorcamiento, atropellos, entre otras prácticas.
Por su parte, el fiscal especializado en derechos humanos (DDHH) precisó que los dos casos ya están siendo atendidos por la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes, instancia que está dirigiendo las investigaciones en coordinación con la unidad de delitos contra los animales.
Remarcó que el Sistema de Justicia Integral se enfoca en abordar estas problemáticas desde una perspectiva socioeducativa, donde se atienda a los presuntos culpables con acompañamiento sicológico, asistencia social y corrección de conductas. A diferencia de lo que pudiera suceder con adultos, esto se hará siempre en libertad.
Finalmente, hizo un llamado a no caer en malas prácticas que pongan en riesgo la integridad de los menores, ya sea con la difusión de su imagen o datos que los identifiquen públicamente.
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