México, país mortal para los luchadores sociales

Una vez más, un defensor del medioambiente fue asesinado en México, hablamos de Álvaro Arvizu Aguíñiga, un nombre que quizá no era tan conocido por la gente, pero que se une a la larga lista de activistas que perdieron la vida defendiendo una causa justa. Al igual que el periodismo, las luchas sociales se han convertido en un peligro para los mexicanos.

Según el sitio Mongabay, en México durante 2022 hubo 24 activistas medioambientales asesinados por diferentes razones y en distintas partes del país. Álvaro Arvizu se suma a la larga lista de ambientalistas o defensores de derechos humanos que perdieron la vida por seguir sus ideales.

Falleció el 19 de junio a causa de múltiples heridas que le propinaron en Tlalmanalco, en el Estado de México. Los hechos se dieron en la madrugada del pasado 13 de junio, cuando un grupo de personas desconocidas entró al Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa (CENTLI) y lo agredió, dejándolo gravemente herido. En ese lugar se hacen investigaciones sobre el agua y la agroecología.

El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHFZ) informó que en el momento también amenazaron y golpearon a sus colaboradores y a la esposa de Álvaro, también investigadora. Un día antes de que atentaran contra Arvizu, también terminaron con la vida de Cuauhtémoc Márquez Fernández, investigador en agroecología y apicultura, oriundo de Puebla y egresado de la BUAP.

El CENTLI es un proyecto promovido por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en la Sierra Nevada, dedicado a la investigación sobre el agua y la agroecología en México. En este proyecto se incluye la iniciativa para guardianes de los volcanes y la Sociedad Cooperativa Estudios y Proyectos Sierra Nevada.

Uno de los objetivos que perseguía Álvaro era buscar una reforma a la Ley General de Aguas Nacionales, para que los grupos de empresarios privados no siguieran apoderándose de este recurso.

Dentro del CENTLI, Álvaro también impartía cursos sobre generación de abonos orgánicos a base de composta y de cooperativismo sustentable orientado a zonas como el sur de la Ciudad de México. Tanto la organización, como la UAM, condenaron el asesinato y externaron su preocupación a las autoridades por el hecho de que hayan sido dos los investigadores muertos en tan poco tiempo. Ahora exigen el esclarecimiento de este crimen contra sus integrantes.

Activistas corren peligro en México

Los casos de Álvaro Arvizu y Cuauhtémoc Márquez no son los únicos sobre defensores de la tierra o los derechos humanos que han sido asesinados por los intereses de otros grupos o por el crimen organizado.

Homero Gómez González era un conocido protector del santuario de la mariposa monarca en el pueblo de El Rosario, en Michoacán, pero el 13 de enero del 2020 se le vio por última vez con vida, pues ese día lo raptaron y no fue hasta el 20 de enero que se encontró su cuerpo sin vida.

Este territorio es uno de los más peligrosos de México, ya que es duramente disputado por grupos del crimen organizado como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otras células locales. A esto se agrega que el estado es conocido por su gran producción aguacatera que deja millones de pesos al año, lo que provoca la deforestación de territorios como el que Homero Gómez cuidaba. La Fiscalía General de Michoacán aseguró que la muerte fue por asfixia mientras era sumergido en agua, pero no se ha esclarecido quién perpetró el acto o si fue un accidente.

Hay contextos donde el detonante no es únicamente los grupos delincuenciales, sino la oposición de los pueblos a megaproyectos de empresas o del gobierno. Precisamente esto le costó la vida a Samuel Flores, quién se pronunciaba en contra de una planta termoeléctrica en el estado de Morelos por su impacto ambiental.

Samir, entonces de 35 años, era uno de los líderes que rechazaban este megaproyecto en Amilcingo. La madrugada del 20 de febrero del 2019 varios autos se detuvieron en frente del domicilio de Samuel, le pidieron que saliera y ahí lo mataron con cuatro tiros, dos a la cabeza. En su cuerpo dejaron una nota donde se le tachó de "chismoso" contra Abraham Ocampo. Supuestamente el suceso estuvo a cargo del "Comando Tlahuica" y fue días antes de que se llevara a cabo la consulta correspondiente para aclarar el destino de la planta, por lo que otros activistas lo tomaron como un intento de intimidación.

En Puebla estos siniestros no son ajenos, puesto que el año pasado se dio el asesinato de una madre buscadora y activista que buscaba a su hija. Su nombre era Esmeralda Gallardo, quien murió por impactos con arma de fuego en la colonia Villa Frontera el 4 de octubre del 2022.

Desde 2021 denunció la desaparición de su hija, Betzabé Alvara, quién se esfumó sin dejar rastro junto a una amiga. Fue perseguida por dos hombres que, al alcanzarla, la ultimaron. El colectivo "Voz de los Desaparecidos" condenó el hecho y llamó al entonces gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, así como a la Fiscalía a dar con los responsables. Se detuvo a dos personas, Christopher N. e Ismael N. cómo presuntos culpables, por lo que se les vinculó a proceso desde el 24 de octubre.