Inseguridad, corrupción y pérdidas económicas, los riesgos de las carreteras en Puebla

Inseguridad, corrupción y pérdidas económicas, los riesgos de las carreteras en Puebla

Foto: Enfoque

En México son varias las cuestiones de inseguridad que aquejan, no solo a los ciudadanos a pie, sino también a las empresas y, naturalmente, a quienes laboran en ellas. Un delito que no ha hecho más que aumentar en Puebla es el robo a transportista, pues en lo que va del 2023 se han abierto aproximadamente 1,107 carpetas de investigación en la Fiscalía General del Estado (FGE).

 

Esto genera pérdidas millonarias para los empresarios del estado, alimenta la inseguridad en las autopistas y carreteras, pero más importante, pone en riesgo la vida de todos los trabajadores que no ven más alternativa que seguir con sus caminos, esperando no ser víctimas de otro hurto.

 

El trabajador de una empresa que constantemente es afectada por estos ilícitos dio su testimonio anónimo a Imagen Poblana, relatando cómo los robos se hacen cada vez más frecuentes y violentos. Asimismo, no habla sobre el problema que también hay en torno a las autoridades y la forma en que les dificultan recuperar sus vehículos y una posible colusión.

 

Nuestro entrevistado, a quien me referiré como “Arturo”, lleva más de una década en servicio con esta empresa, de la que también reservo el nombre, que se dedica a la venta y distribución de artículos de uso diario. Arturo asegura que antes no se oían este tipo de delitos, al menos para ellos, pero fue aproximadamente en 2017 y 2018 que notaron que se volvieron blanco de los criminales.

 

La zona donde empezaron a ser víctimas de robos fue en las inmediaciones de Tehuacán, en el llamado “Triángulo Rojo”. Los choferes regresaban a Puebla de entregar mercancía en un estado del sur, y en la noche, sobre la autopista, eran sorprendidos y los bajaban, les quitaban las unidades y los dejaban a su suerte en medio del camino.

 

“Pasaban ciertos puentes de la autopista, los empezaba a seguir una camioneta, les daban alcance, les mostraban el arma y los bajaban. Luego les decían que caminaran y los dejaban alejados de cualquier caseta o pueblo cercano y les daban la orden de alejarse. Caminaban hora y media hasta llegar a un pueblo, buscaban un teléfono y nos avisaban y también a sus familias”, comentó el trabajador.

 

Ellos tienen un protocolo en el que monitorean a las unidades y en cuanto notan una desviación de la ruta se ponen en contacto con los responsables. Si no hay respuesta, ya saben lo que posiblemente está sucediendo. Pueden apagar el motor vía remota, pero deben ser cautelosos en esto, pues un mal movimiento pone en riesgo la vida de los conductores.

 

 

Fue precisamente en 2018 que se dieron más robos de mercancía, aproximadamente 20 en ese año. En 2019 estima que la cifra bajó a 13, en 2020 a ocho, y luego solo tuvieron reportes de dos o tres. Sin embargo, este año, tan solo en mayo han asaltado cinco camionetas con mercancía. Sostiene que cada año estos delitos cuestan entre dos y tres millones de pesos.

 

Debido al índice de asaltos en dicha demarcación, afirma que optaron por eliminar esa ruta y ahora envían sus productos por mensajería para evitar más atracos, pero la estrategia no fue del todo exitosa. Los grupos delincuenciales también los han atrapado en caminos al sur de México, en la Ciudad y el Estado de México, al igual que en Hidalgo, y en otros casos, a unas calles de sus edificios.

 

De manera extraoficial, han solicitado ayuda de la policía para que los escolten en las salidas de sus almacenes, todo con un pago de por medio.

 

Arturo comenta que no descartan la complicidad de los demás trabajadores, por lo que aplican pruebas de confianza y filtros de seguridad al momento de contratar nuevo personal. Si bien, en algún momento les funcionó para detectar a personas sospechosas y despedirlas o no contratarlas, asegura que hoy en día estas pruebas no son tan efectivas porque la gente ya sabe cómo responder e inclusive cómo evadir al polígrafo.

 

Debido a esto, menciona que las personas que pudieran estar coludidas con los delincuentes pueden monitorear la forma en que opera la empresa, cuáles son sus rutas y donde interceptarlos. Al tener horarios y caminos tan establecidos y siempre fijos, el hecho de despedir a un sospechoso resulta insuficiente, puesto que en poco tiempo pudo tener acceso a información detallada que los compromete.

 

En estos años, cuenta que hubo una ocasión en que una persona pudo evadir los filtros y lograr que lo contrataran con documentación apócrifa. “Hemos pensado que llegan personas de fuera solo para ver la operación y pasar el pitazo”, dijo.

 

Los robos no son la parte más preocupante, toda vez que en medio están expuestos los trabajadores que manejan las unidades de transporte. Hubo un robo hace años en el que, a causa del pánico, uno de los choferes no pudo cumplir con lo que le pedían los asaltantes, lo que los motivó a terminar con su vida.

 

Según las declaraciones que los choferes han dado, hay indicios de corrupción, ya que los criminales llegan y saben qué hay en los vehículos y en qué cantidades, datos que son clasificados y no tiene todo el personal. En contraste, explica que en muy pocas ocasiones los ladrones no saben de qué van cargadas las unidades, mientras que en la mayoría el acto parece premeditado y con detalles.

 

 

Los grupos delincuenciales no son lo único a lo que se tienen que enfrentar, pues la policía también hace que la recuperación de sus vehículos sea más complicada y, argumenta, también pareciera cómplice. En cuanto tienen conocimiento del paradero de las unidades y de los trabajadores, proceden a levantar la denuncia correspondiente y reclamar el camión.

 

Aquí es donde se dan más problemas, ya que es común que las policías municipales se muestren renuentes a cooperar. Lo normal es que los departamentos de tránsito de todos los municipios les pidan pagos excesivos por arrastre, grúas y cobro por el piso de los corralones para la liberación.

 

Además de las afectaciones económicas que ya sufrieron por parte de los asaltantes, han llegado a pagar más de 100,000 pesos por sus vehículos que, aunque estén bajo resguardo, son robadas en refacciones, baterías, llantas y equipo como radio o espejos.

 

“No son pagos de operaciones, los inflan demasiado. Por tres o cuatro kilómetros de arrastre de donde encontraron la unidad al corralón no cobran 50,000 pesos. Sí, también es un abuso por parte de las autoridades”, finalizó nuestro entrevistado.

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