14 años de impunidad tras el infierno en la guardería ABC

El 5 de junio del 2009 México vivió uno de los acontecimientos más desoladores del siglo XXI, cuando la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, se incendió con decenas de menores en su interior. Muchos de ellos perdieron la vida y, a pesar de que ya va más de una década del suceso, aún hay aristas que no han sido atendidas en torno a este caso.

Fue aproximadamente a las 14:45 horas, lo que parecía un día normal en la guardería se convirtió en un auténtico infierno con las llamas que acabaron con la vida de 49 infantes y lesiones en al menos 106 más. Dicha estancia infantil era subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aunque no era apta para operar.

El fuego comenzó en un almacén aledaño que se ubicaba justo a un lado, perteneciente a la Secretaría de Hacienda, con la que compartía estructuras, lo que facilitó el tránsito de humo y fuego de un edificio a otro. La construcción complicó la evacuación de los niños y los servicios de emergencia fueron insuficientes, al grado de que civiles y policías transportaron en sus unidades a los heridos.

De acuerdo a la información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los dueños no tenían el total de los requisitos para ser subrogadas por el IMSS, aunque igualmente se les otorgó el 8 de mayo del 2001. El permiso fue por cinco años, pero en 2007 se les dio uno más con término a finales de 2009.

Los dueños tuvieron la extensión de la licencia a pesar de que en 2005 un inspector independiente contratado por el IMSS avisó que en el inmueble no había garantías para la seguridad de los menores ni para el resto de personas que laboraban dentro. En el lugar no había detectores de humo, señalética para evacuaciones, extintores mínimos y las salidas de emergencias necesarias.

A raíz de este siniestro se dieron cambios y hubo disputas por la impartición de justicia a los menores y sus familias. En cuanto a las normativas para regular estos espacios, se instauró la NOM-009-SEGOB-2015, referente a Medidas de previsión, prevención y mitigación de riesgos en Centros de Atención Infantil en la modalidad pública, privada y mixta.

En esta norma se abarcan las áreas que debe cubrir un lugar para dar servicio de guardería o estancia para menores, donde ya se enlistan los detectores de humo y la instalación de señalética correspondiente a casos de emergencia, de acuerdo a los dispuesto en por Protección Civil.

Por otra parte, un obstáculo para los padres que buscaron justicia por la pérdida o heridas de sus hijos fue la opacidad en el manejo de los presuntos culpables. Se fincaron responsabilidades a más de 20 funcionarios públicos que laboraban en el IMSS o el gobierno en ese momento, pero la mayoría nunca recibió una sentencia, otros fueron absueltos y otros más ya murió.

Uno de los personajes más recordados es la socia fundadora de ABC, Marcia Matilde Altagracia Goméz del Campo Tonella, conocida por ser la prima de Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón. Ella fue absuelta de todos los cargos en su contra en 2012, cuando el panista aún era presidente.

No fue la única, pues el ex gobernador sonorense Eduardo Bours ni siquiera entró en consideración como corresponsable, al igual que los anteriores directores del IMSS, Daniel Karam y Juan Molinar Horcasitas (fallecido en 2015). Gildardo Urquídez, integrante del PRI y también socio de la guardería ABC, también estuvo libre de toda culpa o proceso.

En 2013 se enjuició a un imputado que también era socio y luego se le dejó en libertad. Actualmente solo hay una persona en prisión a pesar de que en 2016 se dictó sentencia contra 19 implicados, pues ganaron un juicio de amparo que los libró de pisar la cárcel. En algún momento otros estuvieron presos únicamente por desacato a órdenes judiciales como violación de libertad condicional o faltas administrativas, pero no fue una estancia prolongada.

Los padres de los bebés fallecidos recibieron una indemnización de 750,000 pesos, pero siguen en su cruzada por obtener justicia. Los representantes legales de 40 familias han informado que se han tramitado y obtenido más de 120 juicios de amparo para que se continúe con el caso, pero no se les ha dado seguimiento.

En ese momento, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo, quiso asentar responsabilidades en torno a las personas señaladas en el caso, pero el pleno de la Corte sólo juntó tres votos a favor de la iniciativa. Zaldívar acusó que el gobierno de Calderón presionó para que fuera de esta manera, por lo que el máximo tribunal del país también se sumó a la impunidad.