La violencia en contra de las mujeres se puede manifestar de múltiples formas y algunas de las más comunes son la psicológica, física, sexual, patrimonial y económica. Esta última, aunque menos discutida, puede ser una de las más frecuentes.
Para comprender mejor esta problemática empezaremos por explicar qué es la violencia económica. Se trata de una forma de coacción en la cual la víctima se siente presionada a no denunciar a su agresor debido a las limitaciones que podría enfrentar en sus percepciones económicas, ya sea en el ámbito laboral o de pareja.
Desde el punto de vista legal, la violencia económica está tipificada en la Ley Para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, además tiene un apartado en el Código Penal del Estado de Puebla. De acuerdo con la legislación, se considera violencia económica a "toda acción u omisión que afecta a la supervivencia de la víctima y se puede manifestar a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, ya sea dentro de un centro laboral o del incumplimiento de la obligación alimentaria".
Básicamente, se puede entender como violencia económica cuando el agresor deja de proveer dinero para los gastos familiares, condiciona dicho dinero o se niega a pagar la pensión alimenticia.
En el ámbito laboral, la violencia económica puede manifestarse a través de la negativa a otorgar un aumento salarial justo o establecer un salario menor basado en el género, sin tomar en cuenta las actividades realizadas en el lugar de trabajo.
En el ámbito familiar, la violencia económica no solamente puede impactar a una mujer sino también a los menores de edad dependientes económicos, de ahí la importancia que tiene conocerla y saber que se puede sancionar.
¿Cuáles son las sanciones?
El Código Penal del Estado considera la violencia económica como violencia familiar, por lo que las multas pueden oscilar entre los $5,187 y los $20,748. Además, también puede haber una pena de prisión de dos a ocho años, dependiendo de la evaluación del agente del ministerio público y el juzgado encargado de resolver el caso.
Cabe señalar que durante el 2022 el Sistema Estatal DIF reportó un aumento de hasta el 30 % en el número de casos de violencia económica en contra de las mujeres en el ámbito familiar.
Es por ese motivo que resulta de vital importancia que las mujeres sepan que pueden acudir directamente a la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia. También pueden recibir asesoría y apoyo en las oficinas encargadas del desarrollo integral de la familia, tanto a nivel estatal como municipal, en caso de que lo necesiten.
.gif)