Y a todo esto, ¿qué implica una expropiación?

En días recientes, una de las noticias más polémicas sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue la ocupación por tres tramos de la empresa Ferrosur, perteneciente a Grupo México. Algunos medios y especialistas consideraron que esta acción era realmente una expropiación, pues dichas vías ferroviarias ya estaban en control de la Secretaría de Marina (SEMAR).

Los tramos son parte del corredor Interoceánico Istmo Tehuantepec y pertenecían a la empresa de Germán Larrea, uno de los hombres más ricos e influyentes de México. La toma de las vías se hizo pública a través de un comunicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde lo anunciaron como ocupación temporal, aunque no se detalla cuándo serán devueltas.

Para algunos especialistas esto es una expropiación debido a la forma en que se dieron las acciones, por lo que se generó desconfianza entre los empresarios. Rápidamente se habló del tema, aunque no es claro cuál es el verdadero significado de una expropiación, qué implica y las repercusiones que puede tener.

Se trata de un procedimiento legal al que un estado puede recurrir para hacerse de la propiedad privada total o parcialmente, incluidas tierras, inmuebles, recursos naturales, derechos de explotación o más bienes de interés público. El concepto implica que no es voluntario o negociable, pues la administración pública lo hace de forma unilateral.

Los motivos por lo que se hacen, y los que la justifican, son varios, no solo con el fin económico, sino también por implicaciones políticas o con el argumento de interés social; sin embargo, también se concreta con el objetivo de proteger comunidades, reservas naturales o sitios históricos.

Comúnmente los dueños cuyas propiedades fueron expropiadas, reciben una indemnización económica, aunque esto no siempre se cumple. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) establece que hay dos conflictos en torno a la compensación, siendo el primero que no hay forma clara de que el gobierno calcule el valor de la propiedad que se está adjudicando. Para determinar una indemnización adecuada se deben tomar en cuenta factores como la plusvalía de un terreno, la construcción que pueda haber, así como los activos que se pueden extraer en casos como pozos, minas o terrenos de cultivo.

El segundo motivo de controversia es el tiempo en que se paga la indemnización, ya que hay dudas si se puede tomar posesión antes o después de hacer la compensación, en cuánto tiempo se liquida o si debe darse en moneda o en especie.

Se debe cumplir con varios requisitos jurídicos para no hacerlo arbitrariamente, por lo que en la mayoría de países hay leyes que establecen la forma en cómo se debe hacer. Se hace con el fin de que no se efectúe desde el abuso del poder o con el apoyo de fuerzas armadas, algo habitual en naciones autoritarias o con dictaduras.

En este sentido, en México el artículo 27 de la Constitución señala que las tierras y aguas de la nación corresponden al estado, quien se la transfiere a los privados y puede expropiarla con fines de interés social y con indemnización de por medio. Por otra parte, la Ley de Expropiación sostiene los bienes que están dentro del interés social, así como la forma en que el poder Ejecutivo puede ejercer este derecho y el trato que debe dar a los entes particulares que puedan resultar afectados.

El estado también puede hacer confiscación o decomiso de bienes y propiedad privada, pero en esta modalidad no se dará algún tipo de pago o indemnización si son de procedencia ilícita o si se constituyen razones para hacerlo así.

Las consecuencias que la expropiación acarrea son varias, la mayoría con repercusión en lo económico y los derechos de propiedad. Los expropiados pierden todo derecho de disponer a conveniencia de sus bienes, además de que afecta a personas, entidades u organizaciones.

Uno de los puntos más discutidos es que si se hace con regularidad, esto repercute en hacer poco atractiva la instalación de nuevos entes privados en un país ante el temor de que sean expropiados. En consecuencia, los proyectos para desarrollo de infraestructura o de bienestar social se ven retrasados o impedidos para continuar, provocando la caída de capitales.

México no estaría viendo la primera expropiación con los hechos de las vías de Ferrosur. El 18 de marzo de 1938, ya con la Ley de Expropiación, el presidente Lázaro Cárdenas hizo de la nación la industria petrolera, con lo que se estableció Petróleos Mexicanos (PEMEX) y se llevó a cabo la confiscación de compañías extranjeras que explotaban en recurso en el país.

Otra de las industrias de mayor relevancia que fue expropiada por el estado mexicano fue la eléctrica, esto el 27 de septiembre de 1960 a manos del presidente Adolfo López Mateos. La administración se hizo de los activos de las empresas energéticas para producir y distribuir electricidad en México, con lo que se instauró la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Más reciente, uno de los escenarios más polémicos y que devino en un gran descontento social fueron las expropiaciones de tierras en el Estado de México. El 22 de octubre del 2001, el presidente Vicente Fox firmó 13 decretos de expropiación válidos en las comunidades de Chimalhuacán, Atenco y Texcoco, para más de 5,000 hectáreas y 171 hogares. Todo el terreno se usaría para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, pero después de años de lucha, los decretos se revirtieron y ahora la zona es Área Natural Protegida (ANP).