El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, acudió a la Asamblea Legislativa para defenderse en juicio político por peculado.
El mandatario es responsabilizado por presuntas irregularidades en un contrato rubricado entre la empresa estatal Flopec y Amazonas Tankers, para transportar crudo ecuatoriano y considerado lesivo para el Estado ecuatoriano, con pérdidas estimadas para el país en 6,1 millones de dólares.
El presidente alega que dicho contrato fue firmado en 2018, dos años antes de tomar posesión de su cargo, en mayo de 2021.
Sin embargo, en la sesión del 9 de mayo en la Asamblea Nacional, la legisladora Viviana Veloz presentó un contrato firmado en 2022 con dos cláusulas que consideró graves, una de las cuales obliga al Estado ecuatoriano a no suspenderlo.
Una eventual sanción y destitución del jefe de Estado solo será posible con 92 votos de 137 integrantes del órgano parlamentario.
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