A raíz de las acusaciones de Erika de la Vega Gutiérrez contra el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Eduardo Alcántara Montiel, hoy se habla de su expulsión del partido. Este sería un precedente en cuanto a la forma en que se atiende la violencia contra las mujeres en la política, pero no sería la primera vez que expulse a un militante de un partido.
De la Vega denunció que en 2021, cuando buscaba la candidatura para la presidencia de San Pedro Cholula, Alcántara le pidió a cambio un millón de pesos o un encuentro sexual. Después de una disputa legal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sentenció al legislador por violencia política con razón de género.
La exregidora declaró que la presidenta estatal del partido, Augusta Díaz de Rivera, le informó de la situación al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y se está tratando la opción de expulsar a Eduardo Alcántara del PAN.
Cada partido tiene sus propios reglamentos y normas internas, por lo que en cada institución se manejan sanciones diferentes. Por ejemplo, en el caso del PAN, su Reglamento de Militantes, en el artículo 110, enuncia que cualquier militante que promueva, favorezca o lleva a cabo actos de afiliación contrarios a lo dispuesto en sus Estatutos, será sujeto a suspensión de sus derechos en el partido.
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Asimismo, se informa que la situación se dará a conocer a la Comisión Permanente Estatal y a la Comisión del Consejo Nacional Permanente para que soliciten la sanción correspondiente a la Comisión de Orden. El artículo 111 enfatiza que, si los casos son reiterados o graves, se procederá con la expulsión del militante.
Por otra parte, Morena es uno de los partidos que actualmente tiene más militantes, por lo que establecieron un Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ). En el artículo 129 se enuncian 16 razones por las que se puede expulsar a los militantes del partido.
Entre estos se enlista que se cancelará la afiliación a personas que cometan actos de corrupción, que dañen el patrimonio de Morena, que hagan alianzas con otros partidos cuyos principios sean contrarios a los de Morena y quienes ejerzan violencia política y violencia política con razón de género.
Uno de los partidos más antiguos y con mayor influencia, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), establece en el Código de Justicia Partidaria que la Comisión Nacional y la Comisión de Justicia tienen competencia para expulsar o suspender los derechos de sus afiliados.
El PRI tiene 11 principales causas por las que puede proceder a la expulsión de uno de sus militantes. Esto será para las personas que atenten contra los principios del partido, quienes ejerzan política contraria a las formas establecidas en sus documentos básicos o si se hace proselitismo en favor de un candidato de otro partido. Además, los argumentos para la expulsión también enlistan los actos de indisciplina grave y los actos donde se adjudiquen o enajenen bienes o fondos del partido.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) cuenta con un Reglamento de Disciplina Interna donde enlistan las faltas que harán que el partido expulse a alguien. El artículo 101 menciona las fallas incluidos los delitos administrativos, mal manejo de recursos, quienes adquieran deudas a nombre del PRD o si se infrinjan leyes electorales y de campaña.
Por otro lado, el Partido del Trabajo (PT) en sus estatutos estipula en el artículo 114 los actos que amerita la expulsión del grupo. Quienes incurran en violencia contra las mujeres y violencia política con razón de género, delitos de corrupción contra bienes públicos o del PT, promover la división interna y no presentar las declaraciones patrimoniales pertinentes, entre otros causales.
Uno de los partidos más nuevos y con mayor crecimiento es Movimiento Ciudadano, quienes también han preparado una serie de reglas para escenarios que requieran la expulsión de un militante. El Reglamento de Justicia Intrapartidaria sostiene que se puede expulsar por violentar los estatutos, hacer proselitismo y apoyar candidaturas ajenas a MC, violentar mujeres en la política con razón de género, haber hecho un acto de corrupción o recibir una condena por delitos graves.
La posible expulsión de Eduardo Alcántara no sería la primera sanción similar en Puebla. En 2019 el otrora diputado de la bancada de Morena, Héctor Alonso Granados fue expulsado del partido vinotinto después de una serie de declaraciones machistas y misóginas. El 20 de mayo de ese año se expresó como “hipócritas” de sus compañeras legisladoras en una intervención a la tribuna, por lo que fue denunciado por la mayoría de los partidos en el Congreso.
Después, en medio de la discusión por la despenalización del aborto, Granados dijo que las mujeres que estaban a favor de esta iniciativa “debían pensar las consecuencias antes de abrir las piernas”. El 1 de junio de ese año, encabezados por Gabriel Biestro, se anunció oficialmente la destitución del diputado.
Ese año se dio otro suceso similar cuando el extinto Partido Encuentro Social (PES) expulsó de su bancada en el Congreso a Miguel Trujillo de Ita. Se hizo formal el 1 de abril del 2019 luego de que Trujillo incurriera en faltas administrativas, puntualmente porque hizo promoción personal usando al PES como vía, lo que violaba los estatutos del partido.
Uno de los casos más polémicos en Puebla fue el de un diputado federal de Morena, Saúl Huerta Corona, quien fue acusado de abuso de menores. La situación se dio en 2021 cuando el legislador fue denunciado por intentar abusar de un menor de edad en un hotel en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.
El 11 de agosto del 2021 se le retiró el fuero y la Cámara de Diputados declaró como procedentes las acciones penales en contra de Huerta. La CNHJ hizo oficial la expulsión del agresor el 27 de septiembre. Además del abuso contra el menor de 15 años, se acusó que intentó hacer uso de su puesto político para que no se iniciaran recursos legales en su contra.
