La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este miércoles un informe sobre la situación de los derechos humanos durante las protestas ciudadanas contra el actual gobierno, concluyendo que hubo una masacre contra civiles de parte de las fuerzas del orden del Estado.
"En el caso de Ayacucho, se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre", se indica en el informe.
Ayacucho es un departamento ubicado en la sierra sur de Perú y fue uno de los que presentó mayor número de manifestaciones contra el Gobierno y, en menor medida, contra los representantes del actual Congreso.
Las protestas ocurrieron luego de que el 7 de diciembre la presidenta Dina Boluarte asumiera el poder luego de que su antecesor, Pedro Castillo, fuera destituido por el parlamento.
El parlamento tomó esta decisión luego de que Castillo intentara realizar lo que se fue considerado como un golpe de Estado.
Las manifestaciones tuvieron lugar en diversas zonas del país, pero fueron más fuertes en los departamentos de la sierra sur.
La demanda de los ciudadanos era la salida de Boluarte y los miembros del Congreso a través del adelanto de las elecciones generales.
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"En términos generales, la Comisión observa que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos. En efecto, de la información recibida en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza", se indica en el informe de la CIDH.
En Lima, donde se ubica la ciudad capital homónima, se encuentra en la costa central; los departamentos de Ica, Arequipa y Cusco se encuentran en el sur del país.
La CIDH, a través de una misión que arribó a Perú, emitió el informe sobre las protestas que tuvieron lugar entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023, aunque estas se prolongaron por más tiempo.
Por otro lado, el informe indica que la CIDH reconoce que las protestas tienen demandas políticas legítimas, así como reivindicaciones de comunidades campesinas e indígenas, en particular de la sierra sur, para el acceso a derechos en igualdad de condiciones y mayor representación política.
La CIDH subrayó en su informe que la protesta social pacífica es esencial "para el funcionamiento de la democracia" y es un derecho humano.
Asimismo, condenó los actos vandálicos que cometieron algunos manifestantes durante el estallido social.
Según datos de la Defensoría peruana, 61 personas fallecieron por las protestas.
De ese total, 49 civiles murieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden, 11 civiles fallecieron por acciones indirectas causadas por las protestas y un policía murió presuntamente a manos de manifestantes.
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