La reciente sanción impuesta al diputado local Eduardo Alcántara Montiel por violencia política de género ha servido de ejemplo para destacar la importancia que tiene este tipo de conductas y nos recuerda otros casos que ya han ocurrido en Puebla.
Con el caso de Eduardo Alcántara Montiel, habrá siete poblanos inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, hecho por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Este padrón es una lista pública en la que se pueden consultar a todas las personas que han sido sancionadas por ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género, la cual además sirve para limitar la participación en procesos electorales.
¿Qué es la violencia política de género?
La violencia política contra las mujeres en razón de género representa todas aquellas conductas cometidas por personas, servidores públicos y hasta periodistas que se dirigen a una mujer con un impacto diferenciado o una carga desproporcional respecto a sus similares hombres.
Este tipo violencia puede ser física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica y hasta feminicida, por lo que según el caso incluso alcanzaría sanciones penales que van más allá de las administrativas y electorales.
Un ejemplo reciente es el del diputado Eduardo Alcántara, quien fue denunciado por Erika de la Vega Gutiérrez, ya que condicionó sus derechos electorales para participar como aspirante a la presidencia municipal de San Pedro Cholula a cambio de una fuerte suma de dinero o de sostener relaciones sexuales.
Sin embargo, hay otros casos inscritos en este padrón por cometer violencia política desde un cargo de poder o a través de la crítica periodística, pero con una evidente carga en razón de género.
¿Quiénes están en el padrón?
A la espera de que en los próximos días sea inscrito Eduardo Alcántara Montiel por un periodo de tres años, el registro del INE actualmente cuenta con los nombres de seis poblanos, entre ellos Omar Arteaga Ortigoza, inscrito desde el 14 de julio de 2022.
El actual presidente municipal de Tuzamapan habría incurrido en violencia política en razón de género en contra de la regidora Georgina Jorge Alvarado, a quien negó darle una oficina, le bajó el sueldo y la obligó a hacer actividades fuera de sus funciones.
Otro caso es el de Bernardino Aquino Beléndez, expresidente municipal de San Antonio Cañada, el cual fue acusado por condicionar el pago de dietas a la exregidora Amada Borbolla Antonio, situación por la cual estará inscrito en el padrón hasta el 2 de agosto de 2028.
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El periodista Gerardo Ruiz Herrera permanecerá en este registro hasta el 7 de mayo de 2028 debido a que fue sancionado por hacer comentarios misóginos en contra de la ex dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas.
Luis Gabriel Rodríguez Martínez está en la lista del padrón, pero no dan más detalles; no se trata de un periodista ni de un personaje político, aunque esto no le impide que esté en este padrón hasta el 24 de noviembre de 2025.
Pascual Morales Martínez es el ex presidente municipal de Francisco Z. Mena y también fue sancionado luego de una denuncia por parte de la regidora Flor Teresa Ávila, por lo que permanecerá en el padrón hasta el 20 de octubre de 2028.
Finalmente, en la lista está Edmundo Jesús Ramírez Castillo, quien es ex presidente municipal de Santiago Miahuatlán y cometió actos de violencia política en contra de la exregidora María de Jesús Evelia Rosas, por lo que estará en el padrón hasta el 2 de agosto de 2028.
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