Un informe de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), publicado este miércoles, indicó que el Gobierno peruano habría cometido ejecuciones extrajudiciales contra civiles en las protestas ciudadanas ocurridas entre diciembre y febrero.
"49 manifestantes y transeúntes, entre ellos ocho niños menores de 18 años, murieron a causa de las heridas sufridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. La mayoría de estas muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias según el derecho internacional de los derechos humanos, de las que el Estado es responsable", se indica en el informe.
Asimismo, el informe señala que las fuerzas del orden peruanas hicieron uso desproporcionado de la fuerza para reprimir las protestas, lo que incluyó el empleo de armas letales.
"Aunque la mayoría de las protestas fueron pacíficas, algunos manifestantes cometieron actos de violencia. Las fuerzas de seguridad respondieron con una fuerza desproporcionada, incluso disparando fusiles de asalto y pistolas contra manifestantes", se apunta.
HRW indica que la presidenta Dina Boluarte sería la responsable de los presuntos delitos cometidos por las fuerzas del orden.
Entre diciembre y febrero, diversas protestas ciudadanas se dieron en diversos departamentos del país.
Los manifestantes exigían la salida de la presidenta Boluarte y los miembros del Congreso a través del adelanto de elecciones.
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