“Justicia es que los delitos no sucedan”: Paola Zavala

El punitivismo es la forma que más conocemos de perseguir la justicia penal; no obstante, no es cuestionada al momento de legislar, ni mucho menos se han buscado alternativas para crear nuevas maneras de impartir dicha justicia. Esto deviene en la idea colectiva de que, al aumentar la severidad de las penas, se combate más el crimen. 

La abogada y activista Paola Zavala Saeb señaló, en entrevista para Imagen Poblana, que este es un concepto erróneo, pues no se atacan de raíz las problemáticas sociales que originan los delitos, ni se da lugar a juzgar las fallas en el actuar de los gobiernos para procurar seguridad. En este sentido, el punitivismo es la vía por la cual los estados se han empeñado en destinar recursos, entiéndase policías, fuerzas militares, armas, fiscalías y dinero, para castigar las conductas que nos hemos impuestos como prohibidas. 

Aseguró que la equivocación está en que, al concentrarse únicamente en esta postura, se han descuidado otras de la misma relevancia, como la prevención delictiva. “La justicia no está en la cárcel”, sentenció la activista, puntualizando que esta instancia debe acatarse más como una forma de castigo; por el contrario, asegura que “la justicia es que los delitos no sucedan”. 

Zavala Saeb destacó situaciones como los feminicidios, indicando que “lo justo es que las mujeres pudiéramos vivir libremente sin miedo a que nos mataran”. 

El antipunitivismo hace hincapié en diferenciar las conductas graves de las que no lo son. De este modo, criticó que el catálogo de prisión preventiva oficiosa es desproporcionado con la forma en que juzga, pues algunos delitos, como los electorales o el robo a casa habitación, no son iguales a otros más severos como los homicidios o la desaparición forzada. 

Hay ambigüedad con el movimiento antipunitivo, pues suele confundirse con la oposición total a los centros de reclusión, pero en esta posición se reconoce que hay circunstancias en las que sí son necesarios como sanción, mas no como sustituto de justicia. “En un país con 99% de impunidad, el discurso de que la cárcel ayuda a disminuir los delitos es un absurdo”, explicó. 

Uno de los señalamientos que hace es que, actualmente cualquier infracción se paga ante el estado, cuando en realidad el foco debería centrarse en el reparo de los daños a las personas afectadas, pues son las víctimas quienes deberían decidir lo que necesitan para que haya justicia restaurativa, algo que ninguna ley abarca. 

Acusó que la creación de más y más leyes que se concentran en castigar con más cárcel son populismo penal, porque se siguen dejando de lado procesos preventivos que podrían demorar años y se ataca más lo inmediato, además de que no se juzgan las fallas de estado para asegurarse de que alguien no sea víctima de ataques con ácido, por ejemplo. “Por eso se llama populismo, porque no resuelve nada, no hay análisis”, manifestó. 

Paola fundó “Ocupa: organización comunitaria por la paz”, donde se orientan a buscar nuevas figuras de justicia y reinserción social. El punto central es la atención emocional, y el análisis de los contextos en los que un infractor creció, con el objetivo de romper los ciclos de violencia en los que se desarrollarán otras generaciones. En el mismo sentido, aplican guías emocionales y se concentran en la prevención para influir en nuevas iniciativas con perspectiva antipunitivista. 

Ley Monzón y Violencia Ácida 

El pasado 2 de marzo, el Congreso de Puebla aprobó las reformas para tipificar los ataques con ácido como tentativa de feminicidio con sentencias de 26 a 40 años. Además, la pérdida de patria potestad para padres vinculados por feminicidio, con el agravante de aumentar la pena hasta en 70 años de prisión si el asesinato se perpetró frente los hijos de la víctima. 

En estos casos, nuestra entrevistada alude a las faltas de lógica en las propuestas, toda vez que las proporciones de castigo dictaminadas no tienen sustancia, ya que un padre preso no puede acercarse a los menores y, del otro lado, los ataques con ácido ya se podían calificar dentro de otro tipo de agresiones o como tentativa de feminicidio. 

Enfatizó en que estas medidas solo generan más confusión en las fiscalías y, nuevamente, no ofrecen ninguna garantía de que se persigan los ilícitos. 

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En cambio, sugiere que el estado también debe empezar a tomar responsabilidades por la deficiencia en persecución de delitos. “¿Por qué las víctimas tienen que estar diez años pidiéndole justicia al estado?”, apuntó. Desde su punto de vista, este tópico se complica porque la gente pide estos cambios con la idea de acercarse a la justicia. 

Actualmente también hay cambios en los paradigmas de las víctimas, quienes, asegura, están empezando a objetivar nuevas perspectivas ante la inoperancia de las autoridades. Asimismo, el antipunitivismo funciona para que surjan las interrogantes de qué tan útiles son estas disposiciones y qué tan efectivo es el trabajo de los gobiernos, los cuales se valen de estas acciones para argumentar trabajo, pese a que no tenga repercusiones reales.