La Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de ley para que los ciudadanos tengan que entregar a la Secretaría de Gobernación (Segob) todos sus datos personales y biométricos. Esta propuesta pretende que la información esté en manos de la dependencia para los actos que se lleven a cabo en el Registro Civil. La crítica a esto está relacionada a los riesgos que corre la privacidad, así como a la incertidumbre sobre la seguridad y resguardo de la información.
La propuesta de Ley General de Operación de los Registros Civiles fue presentada por la diputada de Morena, Erika Vanessa del Castillo Ibarra, y tuvo el visto bueno de 311 legisladores y solo 131 votos en contra, principalmente del bloque de oposición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Ahora se turnará al Senado para su discusión y votación en dicha instancia.
Esta ley, que fue aceptada el 14 de marzo ante el pleno de la Cámara, y su hipotética aprobación por parte de los senadores, darían facultad al Poder Ejecutivo para la creación del Sistema Nacional de Registro e Identidad (SID), para que la Segob sea la dependencia que concentrará y administrará toda la información recabada de la ciudadanía en un formato único. En este se incluirán los nombres completos, sexo, género, lugar de nacimiento y fecha, así como nacionalidades en caso de presentar más de una, CURP y datos biométricos. Ante este sistema también se suscribirán las actas de nacimiento, defunción, divorcio y rectificación de género.
Ello cobra relevancia con la vertiente de los biométricos, pues no hay exposición de motivos para que gobernación tenga esta información a su disposición. Este tipo de información comprende más de lo que la gente suele conocer, ya que no solo se trata de la huella digital.
Los datos biométricos son las características físicas, fisiológicas, de comportamiento y de personalidad en un individuo. Estos son universales, únicos, permanentes y medibles, es decir, que son irrepetibles, los tiene toda la población, no cambian con los años en la mayoría de los casos y se pueden cuantificar.
En lo referente a lo físico, se incluyen las huellas digitales, registro facial, retina e iris, composición geométrica de la mano y los dedos, estructura de las venas, orejas, piel y hasta el ADN o la química corporal. En suma, los rasgos relacionados al comportamiento y personalidad son la hechura de la firma, forma de escritura a mano o en teclado, el reconocimiento de voz y la forma de caminar, aunque esta última aún es poco fiable por estar en fases de desarrollo.
Según el Instituto de Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), uno solo de estos no sirve para atribuírsele a un titular, aunque algunos como el reconocimiento facial sirven para dicho fin, otros como la huella digital no lo abarcan en su totalidad. La concentración de múltiples datos sí son utilizables para la identificación de una persona.
Si se les cataloga como sensibles, estos requerirán de protección forzada por el peligro que supone el uso indebido para la vulneración de bienes, información privada como estados de salud o usurpación de identidad; sin embargo, a lo largo de sus 70 artículos, esta ley no establece medidas de cuidado para todos los datos que se recaben, lo que representa un riesgo ante la nula protección de información personal.
Según el dictamen, el propósito es garantizar a las personas su derecho a la identidad y todos los servicios que conlleva la enumeración en el Registro Civil de manera oportuna y universal, asegurando que hay individuos, principalmente nacidos a mediados del siglo XX, que no cuentan con registros legales que los respalden ante la ley, transgrediendo así sus derechos.
En el artículo 28 se erige el Consejo Nacional del Registro Civil, que estará constituido por un representante de Segob, con nivel de director general; un integrante de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con el mismo nivel, así como los directores correspondientes del Registro Civil de las entidades federativas.
Este consejo tendrá las atribuciones de emitir lineamientos para los requisitos, procesos y mecanismos de inscripción al registro civil, así como reclutar, evaluar y modernizar el trabajo del personal operativo. También podrán fomentar estrategias de registro oportuno y universal.
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De este también se desprenderá una Secretaría Técnica, que asesorará el orden de las actividades diarias del consejo y hará las minutas de seguimiento a las discusiones del organismo.
La diputada de Acción Nacional, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, advirtió que el SID que estará en manos de Segob no expone ningún mecanismo de protección contra posibles vulneraciones. Insistió en que esto no ofrece garantías frente al hackeo de los servidores o del uso indebido de quienes dispondrán de los datos, por lo que es una violación a la privacidad de la población.
También advirtió que la secretaría decidirá unilateralmente las condiciones que los entes públicos, privados y financieros deben cumplir para tener acceso a esta información y validarla. Apuntó a que no se tomó en consideración al INAI como órgano garante de protección de datos personales para elaborar la ley.
Organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales sostienen que esta base de datos es de especial cuidado porque, en caso de ataques informáticos, es un punto único al que concentrarse. Además, acusan que la falta de regulación da lugar a que la información se transfiera a otras dependencias, públicas o privadas, sin obstrucciones.
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