El expresidente de México Felipe Calderón señaló que tiene muchas dudas personales sobre el veredicto en el juicio de quien fuera su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hallado culpable en EEUU de cinco delitos, cuatro de ellos por nexos con los cárteles mexicanos.
De acuerdo con Calderón, quien pasó a la historia como el presidente que comenzó la llamada guerra contra el narcotráfico al inicio de su mandato, en diciembre de 2006, durante el juicio en contra de García Luna no hubo videos, grabaciones ni pruebas físicas de lo dicho por "criminales confesos".
"Yo en lo personal tengo muchas dudas del veredicto", dijo el exmandatario de México, quien gobernó el país latinoamericano hasta 2012.
Aunque aseguró respetar el fallo de los tribunales, el expresidente apuntó que la decisión del jurado estuvo basada en dichos de exmiembros del narco que fueron incluso aprehendidos en su Gobierno.
Calderón sentenció en entrevista con medios locales que el actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha emprendido una persecución política en su contra que, aseguró, incluso tiene tintes personales.
"Yo soy un presidente que actuó conforme a la ley, yo soy el presidente que más ha combatido al crimen organizado en México y no he dado ni tregua ni cuartel en el combate a los criminales", aseveró.
Calderón hizo hincapié en lo que anteriormente había declarado en un comunicado y aseguró que él no pactó ni hizo trato alguno con criminales. Además, dijo no estar arrepentido de su estrategia de seguridad. "Lo volvería a hacer", señaló.
Hace un par de semanas, el exsecretario de Seguridad de México Genaro García Luna fue hallado culpable por un jurado de Estados Unidos, país en que ha permanecido preso por más de tres años, acusado de beneficiar al Cártel del Pacífico, o Cártel de Sinaloa, a cambio de protección durante el mandato de Calderón.
Será hasta el mes de junio cuando el juez dicte la sentencia que deberá pagar García Luna. En tanto, el Gobierno de México ya solicitó la extradición del exfuncionario, a quien también se acusa de un desfalco millonario a los recursos públicos mexicanos por más de 500 millones de pesos (alrededor de 25 millones de dólares).
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