Gas lacrimógeno, ¿es legal?, ¿tiene efectos nocivos?

Gas lacrimógeno, ¿es legal?, ¿tiene efectos nocivos?

Foto: Enfoque

El gas lacrimógeno por parte de los cuerpos de seguridad pública en México se ha vuelto común y es utilizado principalmente para dispersar grupos catalogados como violentos o someter a personas sin tener que recurrir a instrumentos letales, como armas de fuego.

 

Marchas como las del Día Internacional de la Mujer se han caracterizado en los últimos años por la iconoclasia en algunos monumentos y edificios públicos, de ahí que los gobiernos protejan estos lugares con vallas y con granaderos.

 

Las manifestantes que ayer participaron en protestas del 8 de marzo en la Ciudad de México denunciaron a través de redes sociales el uso de bolsas que contenían un gas altamente asfixiante que, incluso, había provocado vómitos en algunas de las activistas.

 

Miguel Barrera, integrante de la Brigada Marabunta que se dedica a auxiliar a personas que resultan lesionadas en medio de grandes manifestaciones, confirmó que sus integrantes habían detectado bolsas de plástico que estaban compuestas por gas lacrimógeno y polvo de extintor.

 

Entre los efectos que este gas provocó en las manifestantes hubo náuseas que llegaban hasta el vómito, además de que se sentían rápidamente asfixiadas y les costaba respirar y ver, pues también ocasionó irritación en los ojos.

 

Horas después de la manifestación, el gobierno de la Ciudad de México negó haber utilizado gas lacrimógeno ni ser el responsable de armar las supuestas bolsas que encontró el Grupo Marabunta, e incluso dijo que los policías que resguardaban los inmuebles únicamente tenían en su poder extintores para sofocar incendios, pero no llevaba ningún tipo de arma.

 

Es ahí donde surge la pregunta de muchas personas sobre si el gas lacrimógeno es o no legal y cuáles son los efectos que provocan a las personas que están expuestas a él.

 

De acuerdo con Amnistía Internacional, el gas lacrimógeno es calificado por la mayoría de los gobiernos como un método seguro para dispersar multitudes o protestas violentas, de ahí que forme parte del arsenal de armas menos letales de las corporaciones de seguridad.

 

El gas lacrimógeno que se utiliza por parte de la mayoría de las corporaciones de seguridad pública, incluidas las de México, está compuesto por: agente lacrimógeno, nitrato de potasio, clorato potásico, silicona, carbonato de magnesio, sacarosa, nitrocelulosa, carbón y otros químicos que están presentes en una cantidad menor.

 

Todos estos componentes están dentro de cartuchos que son arrojados con el uso de un arma especial y en algunos casos está disponible a través de rociadores, que traen consigo los elementos de seguridad pública.

 

Aunque son catalogados y permitidos, no hay una capacitación adecuada sobre cómo deben de utilizarse y han documentado casos en que las latas de este gas provocan lesiones a los manifestantes contra los cuales se utiliza, ya que son metálicas y de un peso considerable.

 

El gas lacrimógeno provoca en las personas una sensación de quemazón, lagrimeo, tos, dificultad para respirar, irritación en la piel y ojos, presión en el pecho y fuertes náuseas.

 

En la mayoría de los casos, los efectos pueden pasar en un periodo de entre 10 y 20 minutos, además se aconseja lavar de inmediato la zona afectada para evitar complicaciones y detener más rápido los efectos nocivos de este tipo de gas.

 

De acuerdo con el estado de salud de cada persona, los efectos pueden ser mayores o mínimos; por ejemplo, las personas con afecciones respiratorias tienen más probabilidades de sufrir complicaciones al verse expuestas al gas lacrimógeno, pues pueden sufrir una crisis respiratoria que acabe en una hipoxia.

 

Como se dijo previamente, en el caso de los gases lacrimógenos en cartuchos, un impacto de una lata puede causar un traumatismo craneoencefálico, contusiones o la fractura del hueso al cual impacte la lata; incluso, cuando se llega a dar un golpe a menor distancia, puede provocar la muerte.

 

Si bien su uso es legal por los cuerpos de seguridad, las organizaciones protectoras de Derechos Humanos, como Amnistía Internacional, piden que haya una regularización para evitar su uso indiscriminado a fin de reducir los efectos nocivos.

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