Hace poco más de un año que el actual Ayuntamiento de Puebla decidió instalar operativos de forma permanente en el primer cuadro de la ciudad para hacer frente al problema de ambulantaje que durante varias administraciones no pudo ser controlado, asegurando que estas acciones han logrado beneficiar a comerciantes formales.
La ciudad de Puebla mantiene un largo historial de confrontaciones con el sector de comerciantes informales y tras encabezar la comuna en 2011, el alcalde Eduardo Rivera Pérez aprovechó su segunda vuelta para implementar una serie de operativos en el centro histórico que comenzó el 28 de febrero de 2022.
Estas medidas fueron instauradas de forma permanente para despejar zonas como la 6 oriente o la calle 5 de mayo; 373 días después, aún se mantiene la pelea contra la colocación de vendedores informales, pues han sido varios los reportes sobre su reincidencia en las principales calles del centro, aunque también argumentan beneficios para los comerciantes regulados.
En un sondeo llevado a cabo por este medio, locatarios del Centro Histórico señalan que hay una mejoría principalmente en la imagen de la ciudad, ya que las calles habían sido tomadas por organizaciones de ambulantes, de los que presumen compartían nexos con el crimen organizado.
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La presencia de vendedores informales alejaba a compradores locales y extranjeros de las calles, dando un freno a la circulación de efectivo. Tras los operativos de retiro, la economía queda sujeta a otros factores de mayor control como la promoción turística o las temporadas altas y bajas de cada giro comercial.
Durante el último año, la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Consuelo Cruz Galindo, se ha encargado de destacar la liberación de la vía pública en el centro histórico, argumentando que en los tres años anteriores a la actual administración fueron ocupadas de manera irresponsable las vialidades del primer cuadro de la ciudad, lo que generó una competencia desleal entre el comercio establecido y el informal, ya que se toleraron los actos delictivos.
De esta manera, el retiro de comerciantes ha generado bajas en crímenes como el robo a transeúnte, robo de vehículo, robo a negocios, robo a transporte público individual y robo a transporte público colectivo.
Ayuntamientos vs ambulantes, una disputa sin avances
La presencia de vendedores informales en el centro histórico ha sido uno de los principales temas a tratar por los distintos gobiernos que han tomado las riendas de la capital, aunque no todos han tenido los mismos resultados. Durante la administración del priísta Enrique Doger Guerrero, entre 2005 y 2008, únicamente se reportó la reubicación de ambulantes que laboraban en el zócalo, pero también se permitió su estancia durante 5 días de la semana en las principales calles del centro.
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Durante la gestión de Blanca Alcalá Ruiz, se intentó mover a los ambulantes de las calles a un sitio más establecido, por ello se puso en operación el mercado del Ferrocarril en la 11 Norte y 18 Poniente con 360 locales, aunque el programa fracasó al poco tiempo, ya que los comerciantes se rehusaban a dar una contribución mensual, la cual debían cubrir durante cinco años para tener la posesión del local.
En 2015, este mercado desapareció para darle lugar a la estación del tren turístico Puebla–Cholula. Proyectos similares se buscaron establecer en el Mercado La Merced, aunque los ambulantes decidieron regresar a las calles luego de reportar una baja en sus ventas.
Desde la primera administración de Eduardo Rivera Pérez en 2011 y durante las gestiones posteriores de panistas como la del fallido Luis Banck, tampoco se mostraron avances, ya que a pesar de los múltiples operativos con granaderos, estos siempre retornaron a las calles de la ciudad apoderándose de más calles tras la modificación de Banck al código reglamentario municipal (COREMUN), que tuvo como fin poder otorgar más de 200 permisos a vendedores ambulantes para colocarse en la 5 de mayo y 8 poniente.
La única administración morenista encabezada por Claudia Rivera Vivanco también intentó poner un freno a vendedores ambulantes; el entonces secretario de gobernación municipal, René Sánchez Galindo, mantuvo reuniones durante meses con los diferentes líderes ambulantes sin poder concretar un acuerdo, aunque durante el tiempo que duraron las negociaciones hasta el final de la administración, los vendedores no pudieron ser retirados. Para justificar la falta de acciones, la administración de Rivera argumentó que las modificaciones hechas en el pasado les quitaron la posibilidad de regular, aplicar multas o retirar mercancía.
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