El Gobierno de México promulgó el segundo y último grupo de reformas que contiene cuatro modificaciones a las leyes electorales aprobadas por el Congreso, en un decreto publicado este jueves por el Diario Oficial de la Federación, legislaciones que son impugnadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y la oposición.
El documento publicado por el Ejecutivo federal es el "decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones", de las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales, de partidos políticos, del Poder Judicial en materia de comicios, y de los medios de impugnación en los procesos y resultados electorales.
Esas cuatro leyes secundarias se suman a otras dos que fueron publicadas en diciembre pasado y son impugnadas por los partidos de oposición ante la Suprema Corte de Justicia.
En conjunto las nuevas leyes son denominadas por el Gobierno como 'Plan B', después de que el Senado rechazara en diciembre el proyecto original que buscaba reformar el sistema electoral establecido en la reglamentación primaria de la Constitución, donde no alcanzó la mayoría calificada requerida, de dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso.
Las leyes promulgadas solo necesitaban mayoría simple de la mitad más un voto -que posee el oficialismo en el Poder Legislativo-, para reducir las atribuciones, personal y presupuesto del INE, al fusionar, compactar, y eliminar diversas áreas del árbitro electoral.
DEFENSA DE LEYES E IMPUGNACIONES
Las primeras dos leyes que fueron promulgadas a finales del año pasado ya fueron impugnadas por el INE ante la Suprema Corte de Justicia, y los partidos de oposición esperaban esta promulgación de las otras cuatro leyes para solicitar a los magistrados un amparo judicial.
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El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este jueves que "la reforma constitucional que fue rechazada por el Congreso y la reforma a ley electoral que está siendo impugnada, está totalmente acotada, porque no puede ir en contra de lo que establece la Constitución".
Al anunciar la promulgación de las leyes, afirmó que el 'Plan B' se enfocó en reducir el costo del proceso comicial.
"Lo que propone esta ley es obtener algunos ahorros, ni siquiera muchos, porque como no se pudo hacer la reforma constitucional. Se van a tener que seguir destinando 25.000 millones de pesos (unos 1.370 millones de dólares al cambio actual) para la organización de las elecciones, las más caras del mundo", agregó
El mandatario asegura que las nuevas leyes electorales no afectan el funcionamiento del INE.
"Mi propósito era una reforma de fondo constitucional y la bloquearon porque es el dinero de los partidos, de la burocracia de elite, la burocracia dorada del INE", expresó.
López Obrador considera que "es muy probable que el Poder Judicial anule la ley electoral", que acaba de promulgar.
El 1 de marzo, un ministro del máximo tribunal admitió a trámite la "controversia constitucional" que presentó el INE contra las dos primeras leyes promulgadas: sobre difusión y propaganda estatal, y responsabilidades administrativas.
El 'Plan B' elimina las 300 Juntas Ejecutivas Distritales, integradas por ciudadanos seleccionados por sorteo para igual número de circunscripciones en que se divide el país, que según la oposición podría poner en riesgo al padrón electoral.
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Con las reformas serán despedidos 6.000 funcionarios ciudadanos, y se eliminará el 85 por ciento del Servicio Profesional Electoral, así como los fondos y fideicomisos del INE.
Desde esta fecha, el árbitro electoral no puede intervenir en los procesos de elección de líderes de partidos.
En cambio, los partidos ya pueden usar los remanentes de sus fondos públicos en siguientes ejercicios fiscales distintos al año en los recibieron, que le ley mexicana establece fuente primordial de financiamiento.
Decenas de miles de manifestantes protestaron el domingo pasado frente al Palacio Nacional contra la reforma, argumentando que vulnera la autonomía del organismo creado hace tres décadas.
Según el gobierno asistieron hasta 100.000 personas en la capital, mientras que los organizadores aseguran que fueron 500.000.
El Gobierno federal también tendría acceso a las listas de electores, lo que, según la oposición, vulnera los datos personales y abre la puerta a uso faccioso de la información por los partidos gobernantes de turno.
Finalmente, los funcionarios y candidatos podrían utilizar fondos públicos para hacer campaña sin ser sancionados.
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