Los nuevos señalamientos de presunto fraude en contra de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, han provocado que un senador haya enviado una solicitud de juicio político en su contra para que sea destituida de su cargo.
La solicitud viene por parte del senador Germán Martínez Cázares, quien llegó al Senado bajo los colores de Morena aunque actualmente está sin partido tras sufrir un distanciamiento con el partido lopezobradorista.
El senador sostiene que la ministra Yasmín Esquivel ya no cumple con la honorabilidad y la buena reputación que establece la Constitución Mexicana para desempeñar el cargo que actualmente posee, por lo que un juicio político sería lo ideal para su destitución.
Sin embargo, el exhorto del senador debe de verse más como una presión política, pues la mayoría de los analistas coinciden en que difícilmente los diputados promoverán esta iniciativa en contra de Yasmín Esquivel, pues desde el principio del escándalo ha sido respaldada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pero, ¿qué es el juicio político?
Para entender un poco la trascendencia de la solicitud del senador habría que especificar qué es el juicio político y cuándo es procedente su aplicación en México.
El juicio político en México, según la ley, se promueve cuando los actos u omisiones de los servidores públicos ocasionan un perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen desempeño.
Un juicio político se puede sustentar cuando un servidor público ataque a las instituciones democráticas; ataque la forma de gobierno; caiga en violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales; ataque a la libertad de sufragio; usurpe atribuciones; o caiga en omisiones de carácter grave.
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El juicio político puede ser promovido por cualquier ciudadano que, bajo este carácter, podrá formular por escrito una denuncia en contra de un servidor público ante la Cámara de Diputados, tal y como lo hizo el senador Germán Martínez Cázares.
La ley también establece que el juicio político únicamente podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeña su cargo, es decir que si en algún momento Yasmín Esquivel decidiera renunciar como ministra, ya no podría llegar a un juicio político.
En el caso hipotético de que un servidor público llegue a juicio político y se dictamine un fallo en su contra, la sanción a aplicarse será su destitución del cargo, además podría hacerse acreedor a una inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público que van desde uno hasta 20 años.
Como se dijo en un principio, el juicio político tiende a verse como una medida de presión por parte de los actores en el poder; por ejemplo, en mayo del año pasado los legisladores del Partido Acción Nacional promovieron una solicitud de juicio político en contra de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que evidentemente no avanzó.
Otro ejemplo más de que el juicio político es usado para presionar la figura en el poder está en el estado de Nuevo León, donde legisladores del PRI y el PAN solicitaron a finales del año pasado un juicio político en contra del gobernador Samuel García.
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