El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) pidió el miércoles una investigación imparcial del rol de militares en la muerte de cinco jóvenes en la ciudad mexicana de Nuevo Laredo, Tamaulipas (noreste) el domingo.
El llamado a las autoridades nacionales competentes es a "realizar una investigación diligente, pronta e imparcial sobre los hechos violentos (…), en los que fallecieron cinco personas y otra más resultó herida, como consecuencia del uso de la fuerza letal por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)", dijo la representación permanente de Acnudh.
Familiares de los jóvenes denunciaron que elementos del Ejército abrieron fuego contra la camioneta en la que viajaba el grupo en una colonia de Nuevo Laredo, tras asistir a una discoteca en esa ciudad fronteriza con EU.
"De acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, el empleo de las armas de fuego debe ser el último recurso, proporcional al objetivo legítimo que se persigue, con pleno respeto y protección de la vida humana", indica el organismo internacional.
Una de las víctimas fue identificada por su familia como Gustavo Suárez, residente estadounidense, quien estaba de visita y conducía el vehículo que fue ametrallado.
Otro joven resultó ileso y uno más fue herido, y reportado como grave en un hospital privado con dos impactos de bala en su cuerpo.
Investigar uso de fuerza militar
Acnudh indica que la repetición de situaciones similares a partir del accionar de las fuerzas militares en Nuevo Laredo durante los últimos años, hace más patente la necesidad de llevar a cabo "un análisis objetivo y minucioso" de las circunstancias en las que se hace uso de la fuerza.
"Toda muerte relacionada con el uso de la fuerza por efectivos militares debe ser investigada de forma independiente por las autoridades civiles, las cuales deben contar con toda la información y colaboración de las corporaciones concernidas", indica el posicionamiento.
En particular, el organismo recuerda las medidas que se deberían adoptar para prevenir graves violaciones a los derechos humanos, así como para "remover todos los obstáculos que enfrenta la procuración de justicia para garantizar el enjuiciamiento y sanción de los responsables".
Además del llamado para que se cumpla con realizar una investigación apegada a los estándares internacionales que permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades, Acnudh "alerta a las autoridades competentes para que adopten con urgencia las medidas pertinentes para proteger y atender debidamente a los sobrevivientes y testigos".
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que "las autoridades militares ya están también coadyuvando en la investigación para que, si resultan responsables los miembros del Ejército, sean sancionados", dijo el jefe del Ejecutivo federal.
La Defensa Nacional publicó un parte militar, según el cual, la madrugada del domingo los uniformados "oyeron disparos de armas de fuego, poniéndose en alerta, avanzando a la dirección donde se escucharon".
Posteriormente, visualizaron un vehículo tipo pick up con siete personas a bordo, a exceso de velocidad con las luces apagadas y sin placas.
Al observar a las tropas, el conductor del vehículo aceleró la velocidad, "deteniendo su marcha al impactarse después con un vehículo que estaba estacionado", dice la versión militar.
En ese momento los miembros del Ejército dispararon contra el vehículo.
"De esta situación, al escuchar un estruendo, el personal militar accionó sus armas de fuego; suceso que actualmente diversas autoridades se encuentran investigando para determinar la veracidad de los hechos", indica el comunicado de la Defensa.
La versión castrense coincide con el resultado del incidente relatado por familiares y vecinos en el lugar: "una persona ilesa, una herida y cinco personas sin vida".
Están en marcha indagatorias correspondientes de la Fiscalía General de Justicia Militar, acerca de las acciones desarrolladas por el personal involucrado "en el ámbito del fuero militar".
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos 'Miguel Agustín Pro', de la orden jesuita, planteó que la denuncia debe ser investigada por autoridades civiles y no militares.
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