El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró este lunes que las concentraciones del domingo contra una reforma legislativa para reducir las atribuciones del Instituto Nacional Electoral (INE), convocadas por representantes del "conservadurismo", como el Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha), fueron "pequeñas", al estimar la asistencia en la capital de un máximo de 100.000 personas.
Asistieron en la Ciudad de México "entre 80.000 y 100.000 personas máximo, y en otros estados donde gobierna el PAN hubo concentraciones, todavía pequeñas para lo que representa el potencial conservador en México", dijo el jefe del Ejecutivo en conferencia de prensa.
Las protestas fueron convocadas por las reformas al sistema electoral que recortan presupuesto y personal del INE, que según la oposición vulneran la autonomía del organismo creado hace tres décadas.
"Simpatizantes del conservadurismo tienen que ser como 25 millones de ciudadanos, que los tenemos que respetar porque ese es su pensamiento, siempre ha habido conservadurismo en el país", añadió el gobernante.
López Obrador ganó las elecciones en su tercer intento en 2018, con poco más de 30 millones de sufragios, y su partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y aliados tienen al menos mayoría simple -la mitad más un voto- en ambas cámaras del Congreso.
DOS POSICIONES
El líder del país norteamericano señaló que la oposición a las reformas que impulsa son un asunto político, utilizado por sus adversarios para aglutinar al que denomina "bloque conservador".
"Siempre he dicho que esto es bueno para el país, porque antes había mucha simulación (…), ahora ya sabemos que no es así, caminan juntos", dijo sobre todos los partidos de la oposición, organizaciones civiles, e intelectuales convocantes de diversas filiaciones.
La multitud vestida de blanco y rosa, colores del organismo electoral, que saturó la plaza principal capitalina del Zócalo –frente al Palacio Nacional, residencia oficial del presidente– y sus avenidas aledañas, entonó el himno nacional y coreó la consigna "¡El INE no se toca!".
El mandatario opinó que, a los opositores, "en sentido estricto, no les importa la democracia, sino lo que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía, es decir un gobierno de los ricos, de los potentados, no les importa el pueblo".
Finalmente insistió en que las manifestaciones en varias capitales del país muestran que las preferencias políticas se han polarizado y anticipó nuevas protestas.
"Es bueno para el país, formamos parte de dos agrupamientos distintos y contrapuestos, dos proyectos distintos de Nación, esto ayuda mucho (…); ahora llenan el Zócalo, nosotros para poder lograr el cambio lo llenamos 60 veces", puntualizó.
López Obrador y el oficialismo impulsaron un plan alternativo de reformas al sistema electoral después de que su proyecto original para cambiar la Constitución no alcanzó la mayoría calificada requerida: dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso.
El jefe del Ejecutivo anunció el 23 de febrero pasado que promulgará las reformas que denomina 'Plan B' –que solo modifica las leyes electorales secundarias– aprobadas por el Congreso con la mayoría simple que posee el oficialismo.
Por su parte, toda la oposición votó en contra la semana pasada, alegando supuestas violaciones a la Carta Magna, y anunció que impugnará el dictamen en la Suprema Corte de Justicia, escenario de la siguiente batalla política.
El subsecretario del Departamento de Estado (cancillería estadounidense) para el hemisferio occidental, Brian A. Nichols, publicó en su cuenta de Twitter que el gran debate sobre reformas electorales "están poniendo a prueba la independencia de las instituciones electorales y judiciales.
"EEUU apoya instituciones electorales independientes y bien dotadas que fortalecen los procesos democráticos y el estado de derecho", agregó.
Las reformas eliminan las 300 juntas ejecutivas distritales, encargadas del padrón electoral, instalación de casillas el día de los comicios, cómputo de los votos, monitoreo de la cobertura de radio y televisión, y la fiscalización de los fondos de los partidos y campañas.
Con esa medida se deben despedir a unos 6.000 funcionarios ciudadanos, se elimina el 85 por ciento del Servicio Profesional Electoral y se recortan los fondos y fideicomisos del INE.
El gobierno federal también tendría acceso a las listas de electores, lo que, según la oposición, vulnera los datos personales y abre la puerta a uso faccioso de la información.
Finalmente, los funcionarios y candidatos podrían utilizar fondos públicos para hacer campaña sin ser sancionados.
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