El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, aseguró que las elecciones a la senaduría que se llevaron a cabo en Tamaulipas el pasado domingo podrán ser las últimas “libres y genuinas” ante la intención del presidente por continuar impulsando el Plan B de la Reforma Electoral.
Uno de los principales obstáculos que podría ocasionar la reforma está en los recortes que plantea, pues ante la ausencia de funcionarios de casilla, se pondría en riesgo la colocación de las casillas de cada distrito y, en caso no poner 20 % de estas, las elecciones podrían ser anuladas.
Actualmente, hay cinco vocales en cada una de las 300 juntas distritales, cada uno lleva a cabo diferentes funciones como la actualización de secciones electorales, hacer recorridos para ubicar donde colocar casillas, diligencias para que la ciudadanía preste sus domicilios, así como dar capacitación a los funcionarios que cuentan los votos el día de la jornada electoral para dar certeza y eficiencia a la elección.
Si la reforma entrará en vigor, dejarían de ser cinco los vocales para que solo uno lleve a cabo las tareas antes mencionadas, también se reduciría el tiempo para las capacitaciones, además de eliminar el Servicio Profesional Electoral Nacional.
Murayama también señalaba que el padrón electoral se vería vulnerado, ya que el INE cuenta actualmente con 900 módulos que emiten credenciales y mantienen actualizada esta lista, que es la base de datos que facilita a los funcionarios electorales a determinar quién tiene derecho o no a votar.
Con la reforma solo existiría un vocal operativo responsable de la actualización y depuración del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores. Además, estipula que los módulos se coloquen en inmuebles de dominio público, pero propiedad del gobierno como escuelas o centros de salud.
También se buscaría que fuese la Secretaría de Relaciones Exteriores quien valide la información del listado nominal de electores en el extranjero, permitiendo el voto únicamente con pasaporte o matrícula consular, violando la autonomía del Instituto Electoral.
En el pleno ejercicio de los resultados electorales también se estarían presentando cambios, pues actualmente los funcionarios cuentan los votos para luego trasladar los paquetes electorales, hacer un conteo rápido y dar inicio al Programa de Resultados Electorales Preliminares y los cómputos distritales que se llevan a cabo el miércoles siguiente al día de la elección.
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De continuar con el Plan B, el cómputo se pondría en marcha el día de la elección, lo que reduce los procesos de transparencia y certeza, ya que se harían dos conteos simultáneos, recordemos que, con los recortes de personal, es muy probable que no se cuente con trabajadores suficientes ni capacitados para hacer estos trabajos.
También se estaría eliminando la facultad de los Capacitadores Asistentes Electorales de apoyar a los funcionarios en el traslado de paquetes electorales, lo que provocaría falta de certeza por saber si los paquetes entregados representan el 100 % de los votos.
Otro de los puntos más reclamados por el consejero electoral, es la reducción de 84.6 % del Servicio Profesional Electoral y la desaparición de la rama administrativa que desde 2014 han hecho 330 elecciones federales, locales y de elección interna de partidos, vulnerando los derechos políticos electorales y de identidad de la ciudadanía.
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