Andrea Lezama Bonilla, víctima de violencia vicaria en el estado, denunció públicamente diversas omisiones por parte de la Fiscalía General del Estado en torno a su caso por sustracción de menores y violencia vicaria en contra de su ex pareja sentimental, revelando que ha sido presionada para otorgar el perdón a su agresor.
Fue este viernes 17 de febrero, antes de ingresar a la audiencia intermedia dentro de su proceso penal, que Andrea Lezama habló ante los medios de comunicación para evidenciar las supuestas irregularidades que se están dando debido a la actuación de la agente del ministerio público Fabiola Romero Aguirre.
"Quiero denunciar que Fabiola Romero Aguirre, agente del ministerio público, titular de la mesa de mitigación número cinco de la Unidad de Investigación contra la Familia de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Género Contra las Mujeres, me ha insistido en otorgar el perdón a mi agresor, sin importarle la protección de mi hijo ni la perspectiva de género", señaló Andrea.
Agregó que una de las principales irregularidades es que supuestamente la agente del ministerio público solamente solicitó la vinculación a proceso en contra de su agresor, Ricardo N., por el delito de sustracción de menores en agravio de su menor hijo, pero no lo hizo por el delito de violencia vicaria.
Señaló que por parte del agresor, está buscando suspender su proceso penal a pesar de que su caso es simbólico, pues se trata del primer agresor vinculado a proceso por violencia familiar con la agravante de violencia vicaria, no solamente en Puebla o México, sino en toda Latinoamérica.
Andrea Lezama también reveló que se le han retirado las medidas de protección que le había otorgado la Fiscalía General del Estado, por lo que ante las constantes insinuaciones por parte del ministerio público para otorgar el perdón a Ricardo, teme por su integridad y la de su hijo.
La víctima acudió a la audiencia acompañada de su representante legal, Cristian Hernández Arellano, quien manifestó que el trabajo de una funcionaria pública de la Fiscalía General del Estado está echando a perder un caso que podría ser simbólico para Puebla y para todas las víctimas de violencia vicaria.
"De nada sirvió todo este esfuerzo, todo este trabajo, incluso la culminación legislativa en el Congreso del Estado, de nada sirvió porque ha dicho la gente del ministerio público que simplemente debe de ser juzgado por un tema de sustracción de menores", señaló el abogado.
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