Bajo la coartada de liberar recursos para confrontar la “mortal crisis” de los opioides “con la seriedad que merece”, 21 fiscales generales de igual número de estados de la Unión Americana, enviaron una carta al presidente Joseph Biden y al secretario de Estado Antony Blinken para que declaren “organizaciones terroristas extranjeras” a los denominados “cárteles mexicanos”, como si éstos no tuvieran poderosos aliados y socios que viven y trabajan en forma criminal en Estados Unidos.
Para los fiscales generales, de acuerdo con el promotor de la iniciativa, el fiscal Jason S. Miyares, de Virginia, la “inhabilidad” del gobierno mexicano para controlar a estos grupos “es una amenaza a nuestra seguridad nacional”.
Involuntariamente el boletín de la oficina de Miyares termina por exhibirlo, pues habla de “control”, no de desarticular o disminuir notablemente a los grupos criminales, además de que el enfoque implica que todo el trabajo lo realizan narcotraficantes mexicanos y que los opioides se comercializan solos en el país de las barras y las estrellas, con un consumo pujante de drogas ilícitas que en 2022 cobraron la vida de más de 100 000 estadunidenses por sobredosis sólo de opioides, es decir, 196 muertes diarias.
Los cárteles mexicanos “conducen una diaria guerra química” contra los estadunidenses, juran en el documento redactado por Miyares y firmado por los otros 20 fiscales. Cierto que reconoce que según la DEA –agencia saturada de corrupción– las estructuras criminales de Sinaloa y Jalisco, principalmente, importan desde China precursores químicos, que después trasladan –ellos solitos– a Estados Unidos, donde se ubica el más demandante y vigoroso mercado, el mayor número de prisioneros del orbe en cárceles privadas y para que sea un excelente negocio deben de estar llenas de latinos y afrodescendientes, así como el más libérrimo negocio de la venta de armas de casi todo tipo. No es exagerada la socorrida frase de que México pone las drogas y los muertos, y Estados Unidos los adictos y las armas. La famosa alberca estadunidense y el trampolín mexicano.
Las visiones simplificadoras estadunidenses, incluida la de los 21 fiscales, además de insertarse en la coyuntura preelectoral de USA, hace honor a los enfoques punitivos impuestos a la Organización de las Naciones Unidas por el genocida Richard Nixon, hace más de medio siglo. Como si viviéramos en los años 70 y después de cosechar un fracaso rotundo, los yanquis de la burocracia política con frecuencia dan señales de retroceso, allí está el gobernador de Texas que sueña sin opioides con ser candidato presidencial y para ello emprende desfiguros que agravian a los migrantes, en una nación inconcebible sin ellos.
Pero lo más grave de la propuesta que ponderamos es que implica necesariamente el derecho del gobierno de Estados Unidos y sus fuerzas armadas de intervenir en México cuando lo consideren necesario en la Casa Blanca y el Pentágono para perseguir, detener e incluso asesinar a quien estimen conveniente en su combate a las drogas duras, en particular los opioides, y dentro de ellos el destructor fentanilo.
No es la primera ocasión que tal propuesta se formula. En noviembre de 2019 varios integrantes de las familias LeBaron la presentaron en forma mediática al gobierno del troglodita Donald Trump y el presidente Andrés Manuel actuó oportunamente para que no prosperara, en un país que practica abierta y cínicamente una política exterior intervencionista y de agresión a gobiernos y pueblos que no se subordinan a su geopolítica imperialista.
Acuse de recibo
La oportuna y generosa ayuda del gobierno mexicano a sus pares de Chile y Turquía, a través principalmente de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina en cualquier momento podría ser objeto de crítica por las oposiciones mediáticas, empresariales y partidistas, con el manido discurso de la “militarización”, justo cuando fueron los gobiernos del PRIAN (1988-2018) los que militarizaron la vida pública de México violentando la Constitución… El secretario general de la ONU, António Guterres, urgió a los gobiernos a privilegiar al pueblo y al gobierno de Siria en el apoyo global tras el terrible sismo del día 7 y sin politizar la ayuda humanitaria, como ya lo hace Biden… El gobierno de México hasta hoy privilegia indebidamente a Turquía… En la Utopía anterior omití registrar que la presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, criticada por no ponerse de pie al arribar el presidente López Obrador al Teatro de la República, fue colocada en la orilla derecha del presídium, sólo antecedida por la secretaria de Seguridad Pública Rosa Icela Rodríguez, y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel… La coahuilense de Parras, Graciela Pacheco Ibarra falleció el 7 de febrero en el texano Valle del Río Grande. Ella era la única que portaba el mismo nombre que su abuela Graciela Aguirre Chávez, quien nació el 7 de febrero de 1924.
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