En la sesión de Comisiones Unidas de Educación y Pueblos Indígenas, se discutieron los objetivos y etapas de las reformas para las consultas de Ley de Educación y la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
El informe del proyecto tiene como objetivo recibir las opiniones en torno a las leyes citadas. La consulta se hace por señalamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues se determinó la inconstitucionalidad de algunas disposiciones por falta de consulta previa, con las acciones 111/2020, 131/2020, y su acumulada, 186/2020.
En materia de educación, fueron los contenidos dentro del Título Segundo, Capítulo VI, llamado “De la Educación Indígena” y el de “Educación Inclusiva”. Se hizo con motivo de que estos preceptos atentaban de manera directa con los intereses de los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y discapacitados, con la puntualización de que aún no se dan avances con el último grupo suscrito.
Desde esta invalidación, dada el 25 de mayo de 2021, surge la obligación de llevar a cabo las encuestas.
Se tiene pensado que la ley esté constituida en junio de este año, luego de la implementación de las cinco etapas de consulta y levantamiento de opiniones, haciendo valer el derecho de libre expresión y autodeterminación de los pueblos.
La diputada Xel Arianna Hernández hizo un llamado a los legisladores a involucrarse de lleno en las actividades, pues tienen un carácter importante en el desarrollo de estas comunidades.
El procedimiento, de acuerdo a lo expresado por la legisladora, no es improvisado y se ha reconocido a nivel nacional, pues es un precedente en cómo se ejercen estas formas de participación ciudadana. En suma, también invitó a los representantes de todas las bancadas a ser parte del proceso, dejando de lado las filias políticas para promover políticas públicas con perspectiva e involucramiento de los pueblos.
Por su parte, el director del Instituto de Poblano de Pueblos Indígenas (Ippi), Rafael Bringas, dijo que este es un trabajo de reivindicación de la voz para los pueblos.
Indicó que las reformas señaladas servirán para constituir una narrativa de los derechos, que le corresponde erigir a los legisladores. Insistió en que la fase de acuerdos previos es donde se debe formar el enlace con las autoridades constituidas de los pueblos originarios.
Precisó que se debe ver las legislaturas que hicieron caso omiso de lo ordenado por la SCJN, como en Guerrero, donde, además de una sanción económica, se suspendieron instituciones.
Finalmente, dijo que este ejercicio es una figura para saldar deudas con comunidades sistemáticamente marginadas, a las que se había dejado de escuchar.
