La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) condenó el 17 de enero la desaparición de dos defensores de derechos humanos, Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, ocurrida la noche del domingo en el estado mexicano de Colima (centro-oeste).
"La ONU-DH hace un urgente llamado a las instituciones del Estado mexicano a dedicar sus mayores esfuerzos y coordinación para la inmediata búsqueda con vida de los dos defensores", dijo en un comunicado la representación permanente del organismo internacional.
De acuerdo con la información recibida en la oficina de Acnudh en el país latinoamericano, los defensores se encontraban llevando a cabo actividades relacionadas con su labor de defensa de derechos humanos en la localidad Cerro de Ortega, del municipio de Tecomán, en Colima, estado con costas frente al Pacífico, cuando tuvieron la última comunicación con sus familiares.
"La camioneta en la cual viajaban los dos activistas fue localizada abandonada, con impactos de arma de fuego", cerca de Cerro de Ortega, y el paradero de ambos defensores es desconocido dos días después del hallazgo.
El abogado Ricardo Lagunes ha colaborado en la defensa de derechos humanos con diversas organizaciones, nacionales e internacionales, incluyendo litigios ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Por su parte, Antonio Díaz es integrante de la Comunidad indígena de San Miguel de Aquila, profesor y defensor de derechos humanos, "quien ha sido crítico y opositor al desarrollo de la mina Aquila, en operación desde 1998", dice el pronunciamiento.
Guillermo Fernández-Maldonado Castro, representante en México de Acnudh, dijo en la denuncia escrita que "la desaparición de estos dos defensores es un hecho terrible y alarmante".
El responsable internacional señala que defender los derechos humanos es una labor absolutamente primordial en México, que debe ser protegida.
"Este crimen no sólo socava los derechos humanos de ambos defensores, sino que busca generar temor en quienes defienden los derechos que reconoce la ley", señala Fernández-Maldonado.
El organismo considera que no es aceptable que quienes defienden derechos universales "tengan que hacerlo a costa de su libertad, su integridad o su vida", agregó.
"Es importante notar que al menos uno de los defensores contaba con medidas de protección del Estado, que no lograron impedir su desaparición", revela el informe.
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