Desde que tomó protesta como gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta tuvo como uno de sus principales ejes de acción el combate a la inseguridad, un problema que durante las administraciones pasadas poco se atendió y provocó un clima de violencia exacerbado.
Si bien el estado aún atraviesa por problemas asociados a grupos delictivos que operan delitos como el robo de transportes de carga, la ordeña de combustible y el narcomenudeo, lo cierto es que se puede reconocer un considerable avance en materia de seguridad pública.
Vigilancia a los titulares y entrega de patrullas
Una prueba de que Miguel Barbosa Huerta se preocupó por el rumbo que tomaban las acciones en materia de seguridad es la rotación que tuvo la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, dependencia que durante sus cuatro años de gobierno pasaron cuatro perfiles.
Durante este periodo, el gobernador colaboró con ciertas acciones determinantes para mejorar la percepción de la seguridad pública, tales como renovar el parque vehicular en la entidad a través de la renta de patrullas, las cuales al término de la gestión serán propiedad del Gobierno del Estado.
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A mediados de este año su plan de renovar el parque vehicular de las fuerzas de seguridad pública creció con el reparto de patrullas para municipios ubicados al interior del Estado, pues incluso uno de sus últimos actos públicos fue el pasado domingo cuando, precisamente, hizo entrega de estos vehículos.
Con dichas patrullas, Miguel Barbosa cumplió con el reparto de 500 de las 1,000 que prometió, aunque el resto ya tenía proyectado entregarlas durante los primeros meses del 2023, situación que hasta el momento se espera tenga continuidad por parte de su sucesor.
Los centros penitenciarios
Otro aspecto en el que el gobernador mostró un especial interés fue en los centros penitenciarios de la entidad. En un principio tuvo intenciones de construir un nuevo penal, pero finalmente aceptó que los recursos y el tiempo no serían suficientes para llevarlo a cabo.
Por ese motivo el mandatario optó por mejorar las condiciones de los centros penitenciarios que ya operan y cuya corrupción al interior no era un secreto para nadie, provocando problemas de ingobernabilidad dentro de las cárceles.
Además de la rotación constante del personal, el gobernador Miguel Barbosa logró concretar la instalación de mecanismos tecnológicos que facilitaban la seguridad dentro del penal y la vigilancia de todo lo que entraba y salía de las cárceles, principalmente drogas.
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En los últimos meses se han dado conocer constantes tensiones relacionadas con personas que pretendían ingresar algún tipo de droga a las diferentes cárceles del estado, las cuales fueron detectadas a través de sistemas de rayos X o de binomios caninos.
Seguimiento a líderes criminales
Durante el gobierno de Miguel Barbosa Huerta quedó de manifiesto su interés por capturar a los líderes criminales que operaban en diferentes partes del estado y no solamente a criminales de poca monta.
Fue en octubre de 2020 cuando la Secretaría de Seguridad Pública Estatal dio a conocer la detención de Juan N., alias “el Moco”, un presunto líder huachicolero que estaba entre los principales perfiles criminales detectados por el área de inteligencia.
Previo a la detención de “el Moco”, el Gobierno del Estado ya se había apuntado otra detención importante en junio de ese año cuando autoridades federales y estatales lograron detener a Óscar G., alias “el Loco Téllez”, quien era buscado en varios estados de la república por sus vínculos con delitos de alto impacto como homicidios y robo de hidrocarburo.
Aunque no se logró su detención, el gobernador Miguel Barbosa también logró cerrarle el paso a la política a Antonio Martínez, alias “el Toñín”, un presunto líder huachicolero que opera en el municipio de Quecholac.
