La temporada decembrina, junto con las fiestas patrias, son las predilectas por los mexicanos para el uso de la pirotecnia, sin importar que este tipo de artefactos puedan causar severas lesiones o incluso la muerte a quienes las utilicen de forma inadecuada.
Lamentablemente en México, a pesar de que es uno de los países de América Latina donde más se emplea la pólvora para la elaboración de artefactos con fines lúdicos y artesanales, no hay una ley específica para la regulación de la pirotecnia.
Actualmente la elaboración, transporte, venta y compra de pirotecnia está regulada por la Ley Federal de Armas de Fuego y explosivos; sin embargo, esta disposición legal se enfoca más en las armas y cartuchos con fines armamentarios.
Algunas autoridades utilizan esta legislación para tratar de inhibir la venta indiscriminada de fuegos artificiales, por lo que la mayoría de los operativos que se llevan a cabo para reducir su comercialización en la vía pública suelen estar basados en el ordenamiento federal.
La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos sirve para el caso, en su Artículo 86, donde señala que está prohibido transportar, organizar, reparar, transformar o almacenar explosivos, sin el permiso correspondiente.
El mismo artículo señala que se prohíbe comprar explosivos sin permiso, por lo que cualquiera de estas actividades se sancionará con prisión de seis meses a seis años, así como una multa que va de las 10 a las 300 unidades de medida de actualización.
Es por ello que en la actualidad, los llamados polvorines, que son esos talleres que se dedican a elaborar la pirotecnia de uso artesanal y lúdico, deben de tramitar su permiso ante la Secretaría de la Defensa Nacional.
Pero la Secretaría de la Defensa Nacional no expide permisos para la venta de estos cohetes u otros artefactos que se utilizan con fines de entretenimiento, pues solamente se limita a la regulación de talleres y su venta al mayoreo.
De este modo es que instancias como Protección Civil o áreas de seguridad pública proceden al decomiso de esta mercancía argumentando que no cuentan con permisos para la venta en la vía pública o para la posesión de pólvora compactada.
Legalmente, las personas que sean detenidas con pirotecnia y que no cuenten con un permiso emitido por la Sedena, tendrían que ser puestas a disposición de un agente del ministerio público federal para determinar su situación legal por una violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Lo mismo debería de ocurrir con aquellas personas que compren fuegos artificiales y los detonen en la vía pública sin contar con el permiso correspondiente, aunque en la realidad esto pocas veces ocurre y tampoco hay una sanción equitativa por la falta de legislación.
Algunos estados cuentan con una reglamentación en sus códigos locales, los cuales incluyen multas o incluso horas de detención, pero en el caso de Puebla no hay tal regulación.
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